El despropósito político en torno al drama del barco español Open Arms en las costas italianas no conoce final. Veinte días después de que esta organización rescatara en altamar a más de un centenar de inmigrantes, y de que ni Italia ni España ni Open Arms hayan conseguido ponerse de acuerdo en nada, la Fiscalía de Sicilia ordenó ayer la incautación del buque y el desembarco inmediato de los inmigrantes, que permanecían a bordo en un clima brutal de conflictividad y tensión. La normativa europea respecto a los rescates es taxativa, y no es la primera vez que el Open Arms se resiste a su cumplimiento, actúa por libre y genera serios desencuentros entre distintos Gobiernos. Por eso es legítima la actuación de la Fiscalía italiana, país donde este episodio ha generado una crisis política de magnitud que obligó ayer a su primer ministro, Giuseppe Conte, a anunciar su dimisión por la intransigencia de Mateo Salvini. Sin embargo, España no queda a la zaga. Los bandazos de Pedro Sánchez son constantes, y ayer, cuando anunciaba que un buque de la Armada ya había zarpado desde Cádiz hacia Lampedusa para trasladar a los inmigrantes a Mallorca, Italia ya había movido ficha.
La descoordinación entre los dos Gobiernos está siendo lamentable y digna de un sainete sin gracia alguna. Poner en marcha un operativo militar en España sin siquiera intuir los pasos que iba a dar Italia demuestra que a la hora de combatir la inmigración ilegal, o de replicar con dignidad y eficacia a una tragedia humanitaria, hay mucho que recomponer en Europa. El Open Arms no ha actuado con responsabilidad, pero está desnudando en su torpeza a España e Italia.
