La Fiscalía italiana deja sin efecto el plan de rescate del Open Arms ordenado por Pedro Sánchez
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El buque «Audaz» de la Armada Española partió ayer desde Rota para «recoger» a los inmigrantes que continúan a bordo del Open Arms. Pero cuando había transcurrido menos de una hora desde su salida desde el puerto y surcaba ya el Mediterráneo saltó la noticia de que la Fiscalía de Agriento tomaba la decisión de incautar el Open Arms y proceder al desembarco de todos los inmigrantes a bordo en el puerto de la isla de Lampedusa.
La decisión fue adoptada al final de una reunión que tuvo lugar en el puerto de Lampedusa entre el fiscal Patronagio con las autoridades civiles y militares, tras la inspección del barco realizada por el magistrado acompañado con un equipo de médicos.
La iniciativa del Gobierno de España se considera ahora en Italia inútil, porque los inmigrantes una vez que estén en el centro de acogida en Lampedusa, pueden ser transferidos a otros países, según el compromiso que habían adquirido 6 países para repartirlos: España, Alemania, Francia, Rumania, Luxemburgo y Portugal.
Tras conocer la noticia de la decisión de la Fiscalía, desde el Open Arms se celebró la decisión. Su fundador, Óscar Camps, daba por hecho que ayer se iba a producir el desembarco y que la incautación «temporal» del buque era un costo que asumía para lograr su objetivo de desembarcar a las personas a bordo en suelo italiano. El secuestro del barco es preventivo y conlleva automáticamente el posterior desembarco de unos 90 inmigrantes, entre ellos muchas mujeres, que continuaban a bordo.
Además de incautar el barco, la fiscalía había abierto hace días una investigación por el presunto delito de secuestro de personas, tras la denunciada presentadas por la ONG Open Arms al Tribunal administrativo regional del Lazio. Los magistrados de Agrigento han abierto otra investigación contra desconocidos por «omisión y rechazo del deber en el ejercicio del poder».
Obviamente, en el punto de mira de esta investigación está el ministro del Interior, Matteo Salvini. El líder de la Liga ya estuvo a punto de ser procesado en un caso similar, cuando los magistrados lo acusaron de secuestro de personas agravado por no permitir el desembarco de 137 inmigrantes, entre ellas varios menores, en el caso de la nave Diciotti.
Salvini eludió el proceso porque lo salvó el Senado, que votó a su favor en marzo 2019 para que se beneficiara de inmunidad parlamentaria. Sería ahora muy difícil que ese voto de apoyo a Matteo Salvini se repitiera. Podría ser procesado. A este respecto, el ministro Salvini, hablando en directo en Facebook, comentó: «Si alguien piensa en meterme miedo por la enésima denuncia y petición de proceso, se equivoca. Sería una burla que mientras hemos convencido a España para mandar una nave a recoger los inmigrantes, alguno en Italia está trabajando para hacerlos desembarcar ahora mismo y procesar al ministro del Interior». Como se ve la argumentación de Salvini encuentra sustento en las decisiones de Pedro Sánchez.
El Gobierno no volvió a transmitir ningún mensaje tras la decisión de la Fiscalía, que de facto anulaba la operación de rescate anunciada por la mañana. Un anuncio que, en cualquier caso, supone establecer un precedente para futuros casos. Algo que no es una cuestión menor ya que lo que esta crisis ha revelado es que no existe un mecanismo de respuesta en Europa para solucionar este tipo de crisis.
Decisión sobre el Open Arms
El objetivo del Gobierno español era transferir a los inmigrantes al navío militar español para llevarlos al puerto de Palma. Además, según anunció el Gobierno en un comunicado, la función del «Audaz» sería proceder al «acompañamiento» de la embarcación de la ONG Proactiva Open Arms.
Este asunto resultaba crucial para el futuro del buque de la organización que dirige Óscar Camps, ya que esta crisis ha servido para que el Gobierno insista en que este tipo de rescates tienen que correr a cuenta de los Estados y que este buque tenía licencia para «llevar víveres y ayuda humanitaria» pero que esa habilitación, que otorga el Ministerio de Fomento, no es «para rescatar personas, porque la situación que se puede crear es ésta», criticaba el lunes la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo.
El Gobierno intentó cortar ayer de raíz este asunto para cumplir el deseo del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para «resolver esta misma semana esta emergencia humanitaria». La política migratoria comenzó siendo uno de los puntos fuertes con los que Sánchez arrancó su mandato hace poco más de un año, pero ahora se ha convertido en un tema incómodo en el que el Gobierno intenta abanderar en Europa. Pero por el camino se ha granjeado las críticas de sus potenciales aliados, que han criticado lo que, según ellos, ha constituido una falta de celo. El choque frontal con la ONG puede resultar un elemento muy impopular de cara a los electores oscilantes entre los potenciales electores entre Unidas Podemos y el PSOE en un momento en el que las elecciones vuelven a estar en el horizonte.