La renuncia de Pablo Iglesias a un puesto en el gobierno de Pedro Sánchez parece haber desatascado la investidura del candidato socialista y presidente en funciones. A partir de mañana se verá si el problema era, realmente, Pablo Iglesias o si el veto al dirigente de Podemos era una coartada para ir a nuevas elecciones. Este debate no debería ocultar el estado patológico en el que se encuentra la dirección política de España. Hace tres meses se celebraron elecciones y aún no hay presidente con mandato pleno, ni un consejo de ministros con capacidad e iniciativa para asumir sus funciones. Si además se sumaran los nueve meses que empleó Pedro Sánchez en sobrevivir a la moción de censura que le llevó a La Moncloa, puede decirse que España lleva un año en dique seco. Este problema no quedará resuelto por el hecho de que Echenique, Montero o Mayoral, dirigentes de Podemos, entren en el Gobierno. Por el contrario, es probable que se agudice porque pocos serán los que vean en un equipo de gobierno así constituido una garantía de estabilidad. La cuestión es determinar si estos períodos de incertidumbre absolutamente perjudiciales para el interés general responden a la cultura frentista de los partidos, a la falta de actitud pactista de sus dirigentes o a una consecuencia injusta del sistema electoral, que premia la representatividad en perjuicio de la estabilidad.
Sea cual sea la causa a la que responde la situación, lo cierto es que un país como España debe tener sus instituciones democráticas a pleno rendimiento. Sus problemas económicos y políticos lo requieren día a día, pero lo que recibe es un gobierno de brazos cruzados, más comprometido con la propaganda que con la acción, y un parlamento a la espera de que Sánchez e Iglesias decidan qué trueque de votos por ministerios es el definitivo para aguantarse el uno al otro sin ir de nuevo a elecciones.
