La Fiscalía investiga a tres alcaldes por los vertidos ilegales en Getafe
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La intención de la fiscal no es otra que indagar sobre las actuaciones en este tema, en el caso de que las hubiera, y tomar una decisión en función de lo recabado. Sus indagaciones se sustentan en el documento aportado a la causa por la unidad del Seprona de la Guardia Civil, que, como reveló este diario, concluyó que desde 1995 se han vertido en el río aguas fecales sin tratar desde el barrio de Perales del Río. Se ha solicitado información relativa a la identidad de los alcaldes y sus respectivos ediles de Urbanismo. El concejal en este puesto, Jorge Juan Rodríguez, también está investigado.
El hecho de que este trabajo se circunscriba únicamente al periodo comprendido entre 2005 y la actualidad se explica en que los posibles delitos cometidos ya han prescrito. No obstante, en el caso del regidor apenas varían, ya que Castro estuvo en el cargo durante todo ese periodo, desde 1983.
La investigación, aunque aún está en una fase embrionaria, ya ha aportado a la causa un análisis muy contundente. El Seprona, a través de sus mediciones, considera probado que los vertidos contaminantes se han arrojado de forma continuada, siendo el Ayuntamiento el responsable de esta negligencia. El informe remitido al juzgado de Instrucción número 3 de Getafe, encargado de la causa, señala que las aguas fecales tienen un «importante impacto en la salud humana» por medio de bacterias como la E.Colli, que puede generar nauseas, vómitos, cólicos o fiebre, entre otros síntomas.
El daño, no obstante, no es solo humano. La zona contaminada, ubicada dentro del Parque Regional del Sureste y protegida medioambientalmente, sufre una merma notable. Los residuos pueden ocasionar episodios mortales para los peces y alterar la calidad del aire por la emisión de los gases generados de la descomposición de la materia. El informe definitivo está a la espera de la información que igualmente se ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Más allá de la causa judicial, el Ayuntamiento de la localidad, consciente del problema, ha recibido sanciones desde 2005, con multas que oscilan entre los 3.000 y los 49.993,8 euros.
Hernández, imputada
El trabajo de la Fiscalía surge de una denuncia del partido local Impulsa Getafe por la «inacción» del Gobierno socialista de la localidad, encabezado por Hernández. La alcaldesa, que fue reelegida el pasado 26-M, está acusada de un presunto delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente. No obstante, cerró su mandato con una actuación encaminada a acabar con esta contaminación. La Junta de Gobierno aprobó a finales de mayo la puesta en marcha del proyecto para arreglar las estaciones del bombeo de Perales del Río.