La Sala Segunda del Tribunal Supremo zanjó ayer la polémica sobre los delitos cometidos por la Manada en los sanfermines de 2016. Con una decisión unánime -la primera y única con esta característica que se dicta en este proceso-, los magistrados del Alto Tribunal han calificado los hechos como varios delitos de agresión sexual -es decir, violación-, aumentando las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Navarra de nueve a quince años de prisión. El Supremo no ha modificado -porque no se lo permite el recurso de casación, salvo en ocasiones excepcionales- los hechos que tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Superior de Justicia de Navarra declararon probados. Se ha limitado a llamar correctamente a las cosas por su nombre jurídico. Por tanto, fue la primera de las sentencias la que marcó el devenir de este proceso; y lo hizo de una manera internamente incoherente, porque describió una situación propia de una violación, aunque la calificó como abuso sexual. De hecho, las discrepancias ante la prueba afloraron en dos votos particulares. El primero abogaba por la absolución. El segundo, de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, por la condena por violación. La opción salomónica de los tribunales navarros no ha surtido efecto en la Sala Segunda, la cual ha aplicado su propia jurisprudencia y ha puesto fin al debate jurídico. Al ser firme la condena impuesta por el Tribunal Supremo, los condenados fueron ayer mismo detenidos para su ingreso en prisión. Es el punto final de un proceso fuertemente castigado por la presión de sectores políticos y sociales, que utilizaron la primera condena por abusos sexuales como coartada para una campaña contra la Justicia, acusada de machista y patriarcal. El Supremo les habrá hecho cambiar de opinión, pero en este asunto queda un regusto amargo de ataques continuos a la independencia judicial con mensajes para colonizar la Justicia con una ideología de género incompatible con el Estado de Derecho.
Además, el caso de la Manada provocó una reacción política poco meditada, consistente en anunciar reformas del Código Penal para que no se dude de que, cuando no hay consentimiento, hay violación. Hasta la fecha poco se sabe del trabajo de la comisión encargada de esta reforma, que tendrá que revisar la compleja y defectuosa regulación del Código Penal de 1995 sobre los delitos contra la libertad sexual. Asuntos de esta gravedad necesitan claridad en la letra de la ley, porque no es bueno que los jueces tengan que colmar las lagunas legales o subsanar los fallos de los legisladores para juzgar a ciudadanos que pueden perder la libertad por muchos años.
