El ex número dos de la Policía, a juicio por el pendrive de los Pujol

El juzgado número 11 de Madrid ha abierto juicio oral contra Eugenio Pino, exdirector Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, por los delitos de revelación de secretos, fraude procesal y falso testimonio en relación con el origen del pendrive con información de la familia Pujol. El responsable policial, junto al inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano, habrían urdido una estrategia para hacer llegar el dispositivo al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la fortuna del clan familiar, sin que constara el origen de la información. Como adelantó en su día ABC, esa acción estuvo a punto de echar por tierra todo el sumario, ya que si se hubiera aceptado como prueba lo habría contaminado entero.


Lejos de hacer eso, el magistrado ordenó abrir una investigación sobre el origen del pendrive, lo que puso de manifiesto una serie de actuaciones irregulares que serán objeto de análisis en la vista oral. La Fiscalía solicitó el archivo de la causa.


El juez de Instrucción Juan Javier Pérez envía al banquillo a Pino y a Díez Sevillano, que serán juzgados por la Audiencia Provincial de Madrid. En su auto les pide una fianza conjunta y solidaria de 5.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias en las que podrían incurrir.


El instructor solicita al fiscal que confirme «si hace renuncia expresa a presentar acusación». Aunque la Fiscalía no acusase, los procesados ya se enfrentan a peticiones de cárcel por parte de las otras acusaciones: la que ejerce Pujol Ferrusola solicita dos años y medio, mientras que Podemos eleva su petición a 10 años y medio de prisión. Por su parte, los acusados recurrieron el auto de procesamiento, un asunto aún pendiente.


Contradicciones
Pino y Díez «pudieron concertarse» para hacer llegar el pendrive, con información privada del hijo de los Pujol, al juez De la Mata «ocultando su ilícita procedencia». En su auto de procesamiento el juez alude a «las notables contradicciones» de Pino, que primero declaró que Marcelino Martín Blas, el que fuera comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos, le mostró en 2013 un pendrive que supuestamente provenía de la Agencia de Información Método 3 con información confidencial y que ordenó a sus subordinados hacer copias. Tiempo después se desdijo al afirmar que Martín Blas le contó que el dispositivo «venía de los magos» y que él dedujo que se refería a dicha agencia; e incluso señaló que el excomisaro Villarejo, ahora en prisión, le ofreció venderle el pendrive por 200.000 euros.



El comisario ha pasado en menos de tres años de número dos de la Policía a tener retirado el pasaporte y prohibido salir de España, al estar implicado en el caso Tándem.