La Conselleria de Vivienda traslada a una funcionaria tras pedir que la expedientaran empresas de transporte

Una funcionaria de la Delegación Territorial en Alicante de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración ha sido trasladada tras la petición de la federación de empresas de transportes FETRAMA de que fuera expedientada por considerar que mantenía un «comportamiento intolerable». No obstante, a la afectada no se le comunicó queja alguna, sino que se justificó su cambio de departamento por «necesidades del servicio».


En el trasfondo de este conflicto inusual, parecen haber pesado las exigencias de prioridad a ciertas compañías para la tramitación de las licencias y permisos de envíos de mercancías, sin tener en cuenta el orden de llegada de los expedientes a la Administración.


En sus dos cartas remitidas a este departamento de la Generalitat Valenciana -a las que ha tenido acceso ABC- la Federación Provincial de Empresarios de Transportes de Mercancías y Viajeros de la Provincia de Alicante (FETRAMA), recriminan que «la conducta de la funcionaria pudiera constituir una falta grave, tipificada como tal en el artículo 142.e de la Ley 10/2010» de la función pública.


Sin entrar en más detalles, en la segunda de las misivas, los representantes de otras dos federaciones del sector (Federación Provincial de Transporte Interurbano de Alicante, FPTI; y la Asociación Empresarial de Transporte de Viajeros de Alicante, ASOVAL) suscriben también la petición de FETRAMA de la «correspondiente apertura del oportuno expediente disciplinario a la citada funcionaria».


Asimismo, se ofrecen a «aclarar los hechos», si bien no parece haber sido necesario, puesto que se ha consumado el traslado de la trabajadora sin que ella se haya podido defender de acusación alguna, tras 39 años de trayectoria como empleada pública.


«Buenas relaciones»
Inicialmente, en la primera carta las agrupaciones empresariales pedían expedientar a dos funcionarios, aunque posteriormente pusieron su punto de mira únicamente en una. «Lamentamos profundamente nuestra decisión y esperamos que la misma no empañe las buenas relaciones que históricamente hemos venido manteniendo con ustedes», concluían su comunicación que entró por registró el pasado 18 de julio. Posteriormente, con fecha 5 de febrero de este año remitieron la otra carta, que ha tenido como efecto el traslado.


Preguntados por ABC en la Conselleria si puede pedir una asociación privada medidas contra funcionarios y si, antes de decidir el traslado, se había escuchado la versión de lo sucedido de la funcionaria en cuestión, no ha habido respuesta.