Azota miseria ruta del ‘huachicol’

Cuando recorra los terrenos del huachicol esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encontrará con un panorama desolador: en los 36 municipios que se hallan en la ruta del gasolinoducto Tuxpan-Azcapotzalco hay elevados índices de pobreza, falta de redes de protección social, desnutrición y, sobre todo, un fuerte desempleo entre jóvenes de 19 a 45 años.

La inédita gira presidencial, dividida entre martes y jueves, llevará al mandatario a sumergirse de lleno en una franja que se ha convertido en semillero del crimen, con municipios en donde en los últimos años se han consolidado bases sociales que respaldan y viven del huachicoleo. Prácticamente todas las estadísticas oficiales coinciden: el grueso de la población no tiene opciones productivas legítimas a su alcance.

Para romper esas rezago social, López Obrador acude con la cartera abierta, en un clásico proyecto de “corazones y mentes” encaminado a minar las bases de las organizaciones huachicoleras con respaldos económicos.

Según adelantó la semana pasada, ofrecerá programas de empleo, entre estos, Jóvenes construyendo el Futuro, conformado con 6 mil pesos para que pongan negocios a través de “tandas”, además de pensiones a adultos mayores, generación de vivienda digna con servicios, agua potable y atención médica.

Una revisión a las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), permite dimensionar el difícil entorno que marca a los municipios huachicoleros de Veracruz, Puebla, Hidalgo y el Estado de México. Da una idea, también, de por qué las organizaciones criminales han encontrado un caldo de cultivo perfecto para el reclutamiento. En los 250 kilómetros por los que corre uno de los ductos más perforados del país radican casi un millón 900 mil personas en condición de pobreza y pobreza extrema.

Por ejemplo, en el municipio de Tlahuelilpan (de la ruta Tula- Azcapotzalco), donde se incendió una toma clandestina, 77.1 por ciento de sus 19 mil habitantes viven por debajo de la línea de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo con el Inegi.

Pero si eso ocurre en una población que ahora se halla bajo la lupa, el resto de los municipios huachicoleros presentan un panorama similar, incluso peor. De cabo a rabo, del Golfo al Altiplano aglutinan más de 2 millones de personas en desempleo, un universo en el que los jóvenes de 18 a 45 años son los más afectados. Un porcentaje mínimo de la población, uno de cada 10, posee empleos con prestaciones sociales, mientras que el acceso a servicios como IMSS, Issste estatal, Sistema del Ahorro para el retiro o jubilación y pensión es inexistente.

Las carencias no se limitan al empleo y abarcan un crisol amplio de la miseria que afecta a la región. Las estadísticas marcan que en estos municipios hay elevados índices de personas con falta de acceso a alimentación, 707 mil, con falta de acceso a servicios básicos de vivienda, 383 mil, o con rezago educativo, 476 mil.

Coincidentemente, se trata de municipios en los que operó y sigue operando la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre.