Malestar en los Ayuntamientos por los requisitos para sustituir a los mil policías que podrán jubilarse en 2019
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La Generalitat estima que alrededor de mil agentes podrán acogerse a la jubilación desde el próximo 2 de enero. Y la cuestión es cómo cubrir esas vacantes, especialmente en las localidades de menor tamaño.
La posibilidad de recurrir a interinos choca con la ley de coordinación de policías locales, que precisamente buscaba reducir estas fórmulas. Para ello, el Consell aprobó en mayo un decreto en el que establecía una moratoria para que los ayuntamientos pudieran mantener esta opción durante el presente año. Con la entrada del nuevo, el escenario cambia.
Y precisamente para dar un intento de remedio momentáneo, los grupos Ciudadanos, PSPV y Compromís transaccionaron una enmienda conjunta a la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2019 en la que se ponía una especie de parche. El texto fue aprobado con el apoyo del PP y la abstención de Podemos en las Cortes Valencianas este miércoles. Pero, al parecer, no ha suscitado demasiada alegría en numerosos municipios. De hecho, más bien malestar.
La enmienda modificaba la norma de coordinación de policías locales para incluir una nueva moratoria ante la jubilación anticipada. Los Ayuntamientos podrán nombrar a personal interino hasta diciembre del año que viene. Un plazo que muchos consistorios consideran insuficiente para adaptarse a la nueva situación.
Pero para tener esta capacidad se incluye como requisito que hayan iniciado el proceso de selección para la cobertura de las plazas vacantes. Es decir, que el texto fuerza a los municipios a comenzar ese proceso si quieren seguir contratando a interinos. Un punto que muchos han recibido con inquietud.
No podrán llevar armas de fuego
A lo que se une que el personal interino al que se recurra no podrá portar armas de fuego, ciñendo sus labores al ámbito administrativo o de tráfico, entre otras. Lo cual dejará otras tareas sin cubrir.
El enfado ha sido comunicado a la Generalitat, a la Delegación de Gobierno y a la Diputación de Valencia, y a la vez ha provocado cierta confusión entre miembros de algunos grupos de las Cortes que sacaron adelante el texto.
Los diputados del PP y de Ciudadanos Verónica Marcos y Toni Subiela respectivamente, admiten que se trata de un parche, pero entienden que había que buscar alguna solución. Marcos recuerda que su partido ha advertido en numerosas ocasiones sobre este «caos», puesto que muchas localidades pueden quedarse con menos efectivos y graves problemas de seguridad.
La parlamentaria popular menciona las dificultades económicas que se les crean a muchos consistorios al tener que asumir el coste de convocar los procesos de selección cuando no está contemplado en sus propios presupuestos de 2019 al no haberles dado tiempo a incluirlos. A ello, comenta, se le une el dinero que tendrán que pagar por las indemnizaciones a los agentes y la incapacidad de convocar más plazas de las que fija el Gobierno central.
Por su parte, desde Compromís, el diputado Paco García defiende la fórmula aprobada en el Parlamento autonómico y destaca que, si los ayuntamientos tienen problemas presupuestarios, pueden hacer una encomienda al Ivaspe (Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias) para que asuman los nuevos procesos de selección, cuyo coste entiende que no es demasiado alto.
El Consell también ha tenido que mover ficha y prepara un nuevo decreto que centralice todos los procesos de selección en la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y contemple un procedimiento para agilizar la incorporación de nuevos policías locales en los ayuntamientos (con, por ejemplo, pruebas más reducidas).