El PSOE cambia su criterio sobre la corrupción en 24 horas por el juicio al alcalde de Alcalá
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El asunto tiene su origen en el pleno extraordinario y urgente que convocó el regidor alcalaíno el 10 de junio a las 10 de la mañana, para aprobar los presupuestos municipales. Dos concejales del PP no podían acudir por encontrarse de viaje, y consideraron que el pleno se había tramitado de manera irregular, por lo que interpusieron un recurso.
La jueza del Juzgado de Instrucción número 6 consideró el pasado octubre en un auto que el alcalde de Alcalá de Henares conocía que los dos concejales del grupo del PP no podrían asistir al pleno, por encontrarse fuera de España –ausencias que fueron comunicadas por escrito el 18 de mayo de 2016–, aunque sí podrían asistir tres días después. El pleno no se movió del día 10. La juez acordó el miércoles la apertura de juicio oral por estos hechos.
«Una causa administrativa»
Pero aunque esto es motivo directo de dimisión según el código ético del PSOE, en su partido en Madrid se resistían a adoptar esta medida. La versión oficial del PSOE-M ayer la dio la secretaria de Organización, Carmen Barahona: el juicio se debe, dijo, a una causa administrativa, y el partido está «absolutamente tranquilo» y avala la «excelente gestión» de Javier Rodríguez en la localidad.
Barahona justificó que no se le aplique de inmediato el código de conducta porque no se trata de «un tema de corrupción, ni de violencia de género, ni de apropiación ilícita», cuestiones para las que los estatutos del partido sí recogen la dimisión. No obstante, lo cierto es que esta consideración está lejos de la clasificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sí considera la prevaricación como corrupción.
Barahona, además, aseguró que Rodríguez ha presentado ante la Dirección Federal un informe en el que recoge la situación «con total transparencia».
PP y Cs exigen su renuncia «en horas» y le recuerdan que también preside el comité de ética del PSOE-M
La postura oficial que se defendió ayer desde el PSOE-M es diametralmente opuesta a la que manifestó, apenas 24 horas antes, el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco. En una entrevista realizada sobre las 9 de la mañana en Telemadrid, preguntado sobre el futuro de Rodríguez en el caso de que se le abriera juicio oral, primero matizó que éste «no es un caso de enriquecimiento ni de corrupción» sino «un defecto de forma en la convocatoria de un pleno», por lo que su partido entendía que «no es motivo» para que se vaya. No obstante, concluyó: «Si se abre juicio oral, tomaríamos medidas, claro, los estatutos están para todos y para ser cumplidos».
La posición de Franco en este asunto no era algo aislado: también el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, el independiente Ángel Gabilondo, se manifestó en términos similares el 16 de octubre, tras conocerse que la juez hallaba indicios «racionales» de la comisión de un delito de prevaricación administrativa en la actuación de Rodríguez Palacios.
En el Reglamento Federal
En rueda de prensa, Gabilondo indicaba entonces que si el caso llegaba a la apertura de juicio oral, el Reglamento Federal de Desarrollo los Estatutos Federales del PSOE recogía que se tenía que producir la dimisión. Concretamente, lo dice en su artículo 427, recordó.
Desde PP y Cs exigían ayer el cumplimiento del código ético socialista y la dimisión de Rodríguez Palacios. Que, además de alcalde de Alcalá de Henares, es también presidente del comité ético de los socialistas madrileños.
El presidente regional Ángel Garrido pidió al regidor que sea «consecuente» y dimita. Y también lo hizo el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, que solicitó su renuncia al cargo «en las próximas horas». Criticó que los socialistas «son muy amigos de dar lecciones a todo el mundo, pero cuando les toca a ellos arrastran los pies hasta el último día».