De Montesquieu a Gibraltar

Me perdonarán que vuelva a Gibraltar, en vez de ocuparme del plantón de un juez a los dos grandes partidos, que se reparten cínicamente el poder judicial desde la Transición. Tiempo habrá de analizarlo, pues el rechazo de Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo es un cartucho de dinamita. El fallo viene de haber dejado a los partidos nombrar el órgano superior de los jueces. Eso destruía el equilibro de poderes en el Estado de Derecho, con el responso de Alfonso Guerra: «Montesquieu está enterrado hace mucho tiempo». Un juez le ha contestado 26 años más tarde: «Pero no muerto». Muertos pueden estar sus enterradores.

Lo de Gibraltar, en cambio, es no sólo actualísimo sino de extrema urgencia, pues el domingo acaba el plazo para que España pierda definitivamente cuantos derechos tiene sobre el Peñón. Las culpas están repartidas, las inglesas son del dominio público: el brexit es un error mayúsculo, basado en un intento casi infantil de volver a las glorias del imperio británico, cuando de él sólo quedan restos desperdigados por el mundo, mientras priva a un Reino Unido más desunido que nunca de su mercado y ámbito natural, lo que significa pérdidas: económicas, defensivas, sociales, culturales y de todo tipo. Pero sarna con gusto no pica. Gibraltar es uno de esos restos imperiales aunque, en vez de costarles dinero, les sale gratis, al vivir de España. Los lectores de ABC conocen la triste historia: tras ocupar el Peñón arteramente aprovechando una guerra de sucesión española, los ingleses no han hecho más que ensanchar su territorio por la fuerza, los engaños y las falsas promesas. Últimamente era, para la ONU, una «colonia que debe ser descolonizada por negociaciones entre Madrid y Londres». Para la UE, «un territorio europeo cuyos asuntos externos lleva un estado miembro». Lo que quedó plasmado en el primer protocolo del brexit, donde se daba a España poder de veto en el asunto. Pero en vez de aprovecharlo, los gobiernos españoles, tanto de Rajoy como de Sánchez, absortos en su forcejeo, se olvidaron de nuestra reclamación secular, concentrándose en asuntos como el medioambiente, el contrabando, la pesca, los trabajadores españoles en Gibraltar (no sabemos en qué) y los gibraltareños que viven en España (sin pagar impuestos), para encontrarse con que, en el texto final, no se cita el veto ni se tienen en cuenta los derechos de España. Ahora quiere arreglarse deprisa y corriendo, quiero decir, mal.

Nos han engañado siempre por estar más atentos a nuestras disputas internas que a nuestros intereses generales. No sé si por ignorancia o por dañar el patrimonio nacional. O por las dos cosas. Quiero decir que somos nuestros peores enemigos y es casi un milagro que sigamos siendo todavía un Estado. En cualquier caso, hay que dar las gracias a Manuel Marchena por mostrar que un juez no necesita estar al servicio de los partidos políticos, y a Borrell por haber descubierto, aunque sea en el último minuto, que Gibraltar es más importante que una poltrona de ministro.