El Gobierno quiere «comisarios políticos» al frente de los centros concertados

«Cinismo», «falta de respeto», «incoherencia». José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, no escatima en reproches. Esa es la evaluación que hace del anteproyecto de ley con el que el Gobierno pretende modificar la Lomce, aprobada por los populares en 2013. Pero no solo critica su contenido sino la necesidad de aprobar este anteproyecto con urgencia, tal y como manifestó el propio Ejecutivo socialista. «La urgencia a la que ellos apelan no es educativa, sino política, parece que se quiere aprovechar el tiempo de permanencia en el Gobierno para llevar a cabo su voluntad y la de sus socios», dice.


Aunque la ministra de Educación, Isabel Celaá, lo negó en repetidas ocasiones -«no vamos a cerrar la educación concertada, eso son "fake news"», aseguró en el Congreso-, el texto deja lugar a dudas. En primer lugar, se elimina en el artículo 109.2 la expresión «demanda social», que aludía a que la oferta de plazas escolares se hacía, entre otros criterios, en función de lo que pedían las familias. Este se sustituye por un párrafo que hace referencia al «derecho a la educación», pero no al reconocimiento a la «libertad de enseñanza». Por el contrario, tanto una idea como otra sí fueron incluidas ( y juntas) en el artículo 27 de la Constitución como una forma de reflejar las sensibilidades de los partidos de diferente signo político.


Otro ataque a la concertada se produce en el artículo 109.3, que establece que las administraciones «planificarán la oferta educativa de modo que garantice la existencia de plazas públicas suficientes». Este apartado no menciona que la oferta educativa está asegurada también con plazas de centros financiados con fondos públicos. Ni siquiera la LOE, que es el texto del Gobierno socialista aprobado en 2006 en el que se inspira el presente anteproyecto alude a «públicas», solo se refiere a «plazas».


Otro apartado controvertido se refiere a la constitución del consejo escolar de los centros concertados. En él se menciona, entre otros, a un «concejal o representante del Ayuntamiento», que la Lomce suprimió y se vuelve a incluir. «Esto significa poner a un comisario político. Un concertado recibe fondos públicos y debe dar cuenta de cómo los usa, pero eso no significa que tenga que nombrar un representante en el consejo escolar porque es de entidad privada», critica Alvira.


En cuanto a la Religión, la ley hace dos cosas. En primer lugar, la deja fuera de las asignaturas de Primaria, ESO y Bachillerato (la Lomce la incluía como específica en los dos primeros niveles y a escoger en el tercero). Además, se elimina el apartado que dejaba la determinación sobre el currículo y los libros de texto a las autoridades religiosas. Ignorar a la Religión en la legislación puede deberse al intento del Gobierno por evitar una respuesta de la Conferencia Episcopal, con la que se reúne próximamente. «Es un forma de devaluarla, qiueren dejar su regulación en un Real Decreto», opina Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas.