La Dicócesis de Toledo equilibra su presupuesto y destina 39 millones a servicios sociales

La Diócesis de Toledo invirtió en 2017 cerca de 39 millones de euros para servicios a la sociedad, de los cuales más de 11 millones se destinaron a la construcción de nuevos templos y a programas de rehabilitación. Los ingresos superaron los 40 millones. Estos datos fueron dados a conocer este jueves por el ecónomo de la diócesis toledana, Anastasio Gómez, quien compareció junto al arzobispo, Braulio Rodríguez, para presentar el Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra el próximo domingo, y cuyo objetivo es mostrar a la sociedad los datos económicos de la archidiócesis con el fin de mantener su compromiso de transparencia. En este sentido, el arzobispo afirmó que el Día de la Iglesia Diocesana es «una ocasión para demostrar a la sociedad cómo trabajamos en el campo de la gestión de los recursos que tenemos y de que hacemos de ellos una buena administración», como puede comprobarse a través del Portal de Transparencia del Arzobispado. También remarcó que, a través de estos datos en los que se puede ver cuánto se ingresa y cuánto se gasta en las diferentes áreas en las que está presente la Archidiócesis (Toledo, Cáceres y Badajoz), se refleja la importante labor que la Iglesia hace a favor de la sociedad. Transparencia En su exposición pormenorizada de las cuentas, el ecónomo diocesano destacó que en 2017 la Diócesis se gastó casi 39 millones de euros para servicios a la sociedad, de los cuales 11 millones se dedicaron a la construcción de nuevos templos y a programas de rehabilitación. El resto se distribuyó en acciones pastorales y asistenciales, a las que se han destinado casi 6 millones de euros, otros seis a retribución del clero y cerca de tres millones al personal seglar. Las aportaciones a los centros de formación han supuesto algo más de dos millones y, finalmente, la conservación de edificios se ha llevado una cifra que supera los diez millones de euros. Respecto a los ingresos, la suma total sobrepasó levemente los 40 millones de euros. En este apartado, en el capítulo de ingresos ordinarios, las aportaciones de los fieles se acercaron a los 8 millones, mientras que de la asignación tributaria la archidiócesis recibió 5,6 millones de euros. Los ingresos de patrimonio y otras actividades supusieron el añopasado 11,4 millones de euros, mientras que los ingresos corrientes se elevaron hasta 7,7 millones. Por último, los recursos extraordinarios llegaron a los 7,1 millones de euros. Con estos datos, el ecónomo indicó que la administración diocesana presenta unos resultados que «arrojan un déficit asumible» del 0,14 por ciento (24.793 euros) y avanzó que será durante los años 2019, 2020 y 2021 cuando la Diócesis «dejará de pagar préstamos», excepto aquellos de  obras puntuales que se financiaron a largo plazo, como la residencia de Valmojado. Asimismo, informó que el fondo de reserva se ha destinado a la construcción de un nuevo centro educativo en Seseña, cuyo coste es de 9,7 millones de euros, de los que 6,7 se van a financiar a través de un préstamo, dado que el dinero ahorrado por la Diócesis es menos de 3 millones de euros. Por otro lado, el ecónomo precisó que, de cara a 2019, la Diócesis de Toledo va a recibir un 4,46 por ciento más de asignación tributaria, lo que supone 250.000 euros más sobre los 5,6 millones de euros recibidos en 2018. Actividad pastoral En 2017, la Diócesis de Toledo contaba con 561 sacerdotes con una edad media de 54 años, 1.107 religiosos, 140 misioneros, 273 parroquias, 2.171 catequistas, 53 monasterios, 28 centros educativos católicos y dedicó 2,5 millones de horas a la actividad pastoral. Este año se celebraron 4.516 bautizos, 5.221 comuniones, 3.814 confirmaciones y 1.341 matrimonios. La Archidiócesis de Toledo contaba además con 45 centros asistenciales, que prestan sus servicios a 1.410 personas mayores, enfermos crónicos o personas con discapacidad, así como a 36 drogodependientes. En las diversas Cáritas parroquiales, así como en Cáritas Diocesana colaboran 2.098 voluntarios. Estas entidades atienden a 32.530 personas en situación de exclusión social. Además, Manos Unidas, que cuenta con otros 650 voluntarios, y otras entidades diocesanas, han financiado durante el pasado año 26 proyectos de cooperación al desarrollo. Por lo que se refiere a la actividad cultural, la archidiócesis, entre otras diversas iniciativas, conserva y mantiene ocho bienes inmuebles declarados de Interés Cultural. El pago del IBI y la discriminación a la Iglesia El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ve una «discriminación» que el Gobierno de Pedro Sánchez se esté planteando que la Iglesia Católica tenga que pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por los edificios no dedicados al culto, del que ahora está exenta, y sin embargo no planté cobrárselo al resto de confesiones religiosas. «Que se lo cobren a los partidos políticos, a los sindicatos, a otras instituciones que de algún modo están ahí para el bien común. Que se lo cobren también a los musulmanes y a otras religiones cristianas o no cristianas», manifestó. Según indicó el arzobispo, «da la impresión» que la Iglesia Católica tiene «un chollo impresionante» con esta cuestión, algo que a su juicio «no se corresponde con la realidad». «Nosotros a nosotros mismos como Iglesia no nos hemos declarado entidades para el bien común», algo por lo que, según explicó, «no se cobra a determinadas instituciones el IBI». Asimismo, criticó a los medios por relacionar el pago del IBI con el Concordato. «Por favor quitar esa palabra de vuestros periódicos porque eso ya es rancio y además está utilizado con mala idea», dijo. Insistió en que a él no le corresponde decir si la Iglesia Católica debe pagar el IBI o no, aunque sí cree que cobrárselo sólo a ellos sería «injusto». El vicario general de la Archidiócesis de Toledo, Francisco-César García Magán, precisó que en el caso de que el Gobierno lleve adelante este planteamiento, desde un punto de vista sería «una violación» de un principio fundamental de la Constitución que habla de la igualdad jurídica ante la ley. Yañadió que «evidentemente esa hipótesis de que la Iglesia tuviera que pagar el IBI y las otras confesiones religiosas y los otros organismos no, colocaría en una clara situación de discriminación a los ciudadanos católicos, violando un principio constitucional». «No queremos que nos cobren el IBI», afirmó por su parte el Ecónomo Diocesano, Anastasio Gómez Hidalgo.