Sánchez, entre Juncker y Junqueras

El Gobierno de Pedro Sánchez ha contestado las objeciones de Bruselas a su plan presupuestario para 2019 con el compromiso de «ajustar» el déficit como no se había hecho desde 2013. Como era previsible, el papel que firmaron el Gobierno de España y Podemos, con sus respectivos logotipos en el mismo documento, no era más que una puesta en escena a la que iban a seguir cuantas rectificaciones y autodesmentidos fueran necesarios. Por eso Bruselas ha pedido información y ha advertido de que las cuentas no cuadran si lo que España pretende es situarse en los límites de estabilidad presupuestaria establecidos por las instituciones europeas e incorporados a la propia Constitución.


El Ejecutivo aparenta tranquilidad y simula que tenía descontadas estas advertencias, pero la realidad que se impone es otra. Las directrices presupuestarias ofrecidas por el Gobierno no son fiables y esta inseguridad en la política económica es especialmente peligrosa en el momento actual, en el que vuelven los indicadores de un freno a la recuperación. La solución no puede consistir en que el Gobierno de Sánchez vaya diciendo a cada cual lo que espera oír. Con Podemos pacta unos presupuestos suicidas para la economía, el empleo y las clases medias. Luego recula con los autónomos, amenazados por un hachazo en la cuota a la Seguridad Social. Manda a Pablo Iglesias como mediador ante el golpista Junqueras en otro ejercicio de «diplomacia» opaca con el separatismo para granjearse sus votos a cambio de no se sabe qué precio. Y ahora quiere calmar a Bruselas con un alarde en el recorte del déficit que mal se compadece con las campañas de la izquierda contra el «austericidio».


Todo apunta a que el Gobierno fía el éxito de su plan a un nuevo asalto tributario a las familias españolas, con el que contentar a sus socios de extrema izquierda y poder prolongar la legislatura de los 84 diputados. Sólo es posible más gasto y menos déficit con un aumento en la recaudación superior al incremento de gasto, ecuación que falla con la rebaja en la previsión de crecimiento y la desaceleración en los principales indicadores económicos. La conclusión es que el plan presupuestario del Gobierno es una gran estafa a los españoles y a Bruselas, un falso compromiso que sabe que no podrá ser cumplido, un señuelo electoralista que el Gobierno quiere mantener vivo para ganar votos, sin preocuparse de lo que sucederá cuando esas cuentas se estrellen contra la realidad. El nivel de impostura al que ha llegado el Gobierno pone en riesgo la recuperación económica y el bienestar de las familias españolas, y lo hace a sabiendas de que cada vez será más difícil salir de las crisis futuras. Y así, Sánchez se encuentra entre Juncker y Junqueras. Que elija.