El Gobierno acude al Consejo de Estado para llevar al TC la reprobación del Rey en el Parlament

El Gobierno ya ha iniciado los trámites para llevar al Tribunal Constitucional la resolución aprobada la pasada semana en el Parlament de Cataluña en la que se reprobaba al Rey y se pedía la abolición de la Monarquía. El primer paso, anunciado por Isabel Celaá este viernes tras la reunión del Consejo de Ministros, es la remisión que ha realizado el Ejecutivo al Consejo de Estado para pedir un dictamen «con carácter de urgencia» sobre el contenido de aquellos apartados de la resolución de la Cámara autonómica que versaban sobre Don Felipe, como paso previo a llevar la decisión ante el TC

Según ha explicado la ministra portavoz, el cuestionamiento de la figura del Rey «queda fuera de las funciones atribuidas a un Parlamento autonómico», por lo que la resolución es, a su juicio, «políticamente inaceptable». El Consejo de Estado es un órgano de carácter consultivo cuyos dictámenes son preceptivos pero no vinculantes, por lo que el Ejecutivo no está obligado a cumplir con los dictámenes que se emitan desde el, si bien suele marcar la pauta a seguir en estos casos.

Es por ello que esta acción del Gobierno supone el paso previo al recurso al Tribunal Constitucional, un paso que busca, afirman desde La Moncloa, tener «todos los elementos» antes de acudir al TC. Preguntada sobre qué piensa hacer el Gobierno si el Consejo de Estado no ve elementos suficientes como para recurrir la resolución al tribunal garante de la Constitución, Celaá ha explicado que el Ejecutivo valorará si el dictamen del Consejo es vinculante o no en función de su contenido.

Aunque no ha señalado los puntos concretos de la resolución susceptibles de ser recurridos, la ministra portavoz se ha mostrado convencida de la existencia de vías de recurso y ha señalado que «desde el primer momento la resolución fue considerada por este Ejecutivo políticamente inaceptable, no porque se critique a la Jefatura del Estado, algo que puede hacer cualquier ciudadano, sino porque el Gobierno considera que el cuestionamiento de la figura del Rey queda fuera de las atribuciones de un Parlamento autonómico, que no es competenete para diseñar la forma de Estado de un país». «Esa es la razón por la que consideramos rechazable la actuación la actuación del Parlament y por la que solicitamos el dictamen al Consejo de Estado», ha insistido.

Críticas a Pastor y a García-Escudero

Celaá ha cargado contra los presidentes del Congreso y del Senado, Ana Pastor y Pío García-Escudero por considerar que están utilizando las presidencias de las instituciones con una finalidad «partidista». La ministra se refiere a la advertencia del PP y Ciudadanos sobre impedir la entrada del proyecto de Presupuestos Generales del Estado a las Cámaras. «El nuevo líder del PP ha puesto a su servicio a las presidencias del Congreso y del Senado como arietes de bloqueo institucional. Eso es una irresponsabilidad política y pedimos a las fuerzas de oposición que se dediquen a hacer oposición», ha asegurado.

La ministra ha insistido en que su crítica a Pastor y García-Escudero es de «carácter institucional» y no partidista: «La Mesa del Congreso es un órgano de naturaleza jurídica que actúa de forma partidista cuando le niega la calificación a una tramitación en lectura única con contra de la decisión del informe de los letrados», ha afirmado, en relación a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que quería acometer el PSOE. «Eso no es entrar en cuestiones partidistas, sino institucionales. Cuando se quiere perjudicar al Gobierno a la larga se acaba perjudicando a la reputación de ambas Cámaras», ha añadido.

«Iglesias no es delegado del Gobierno»

También han querido insistir desde La Moncloa en su distanciamiento de la reunión de este viernes entre el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el de ERC, Oriol Junqueras en la prisión de Lledoners. «De las palabras del señor Iglesias solo es responsable el señor Iglesias. Junqueras ha recibido otras visitas. No entramos ahí para nada. Es un líder de Podemos y él se responsabiliza de su propia imagen y de la de su propia fuerza política. No la vinculamos ni al Gobierno ni a los Presupuestos. Iglesias no es delegado del Gobierno para nada», ha explicado Celaá

Sí ha defendido la ministra que Iglesias pueda hablar con el líder de ERC de los Presupuestos: «Un firmante de un proyecto presupuestario será que lo ha firmado porque lo considera bueno. Dentro de las probabilidades de contactar con otras personas, supongo que hablará de las bondades de este proyecto, pero esto solo lo puede decir el señor Iglesias», ha zanjado.