A la desaceleración del PIB se suman ahora las nuevas dudas que generó ayer el plan presupuestario del Gobierno, así como las turbulencias bursátiles que sufrió la banca tras la sentencia del TS sobre la tributación de las hipotecas, conformando así un particular jueves negro en materia económica. España está viviendo tiempos convulsos bajo el mandato de Sánchez. La Comisión Europea no se fía de las cuentas elaboradas por el PSOE y Podemos y, como consecuencia, pidió a España que aclare algunos de los puntos que incluye el borrador remitido a Bruselas el pasado lunes. Esta solicitud supone un primer toque de atención a tener muy en cuenta sobre la errónea deriva fiscal iniciada por el Ejecutivo. En primer lugar, porque este tipo de advertencias tan solo se producen en caso de que las autoridades comunitarias detecten un riesgo grave de incumplimiento en cuanto al déficit, y, en segundo término, porque España pasa a formar parte del reducido grupo de países apercibidos por la UE, junto a Italia, lo cual contribuye a dañar la confianza económica. El recelo de la Comisión Europea es lógico, ya que Sánchez pretende aprobar unos Presupuestos para 2019 sustentados sobre una senda fiscal que carece del imprescindible aval de las Cámaras. Además, aunque lograra sortear el veto del Senado para elevar el objetivo de déficit al 1,8% del PIB, frente al 1,3 previsto, los expertos coinciden en que los gastos están infravalorados y el aumento de los ingresos es irreal, de modo que las cuentas públicas podrían experimentar un desvío mayor. Todo ello sin contar que la subida de impuestos que incluye este proyecto amenaza con lastrar el crecimiento potencial del país y la creación de empleo. El irresponsable electoralismo que ejerce este Gobierno pasará una elevada factura a los españoles.
Al revés de Bruselas se unió ayer la caída de la banca en Bolsa. El Ibex perdió un 1,2%, arrastrado por el desplome del sector financiero, después de que el Supremo dictaminara que son las entidades, y no el cliente, quienes deben abonar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en el momento de formalizar la hipoteca. El impacto de esta decisión sobre el balance de los bancos se estima en más de 4.000 millones de euros. Ahora corresponde cumplir la sentencia, pero al tratarse de un impuesto que no ha sido cobrado por la banca, sino por la Administración, se abre un nuevo frente judicial lleno de incertidumbres, cuyas consecuencias podrían acabar perjudicando al mercado hipotecario. El cambio de criterio del Supremo, que en una sentencia previa se pronunció en sentido contrario, no contribuye a la necesaria seguridad jurídica. Los hipotecados tienen que recuperar lo que es suyo, pero políticos y jueces deben garantizar unas reglas de juego claras para evitar daños innecesarios.
