El Ministerio del Interior, que encabeza un magistrado de profesión, ha hecho llegar a todos los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) una instrucción que, de facto, modifica o deja sin el efecto parte de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, que de este modo queda despojada de muchas de sus disposiciones más significativas coincidiendo precisamente con el inicio ayer mismo de la ponencia en el Congreso que conducirá a su reforma. En esta instrucción, de siete páginas, se establece en contra de lo dispuesto en la Ley «la mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes» no constituye infracción, pues para que lo constituyan será necesario que «el uso (de ese material) ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o de sus familias». Esto es, que habrá que esperar a que las personas que hayan tomado esas imágenes hagan un «ulterior uso irregular» del mismo. Al margen de que la circular deja más desprotegidos a los agentes de las FCSE, servidores públicos que para la izquierda siempre tienen un aire de «sospecha» y «desconfianza», la modificación de una Ley con una circular supone un paso más en el despropósito gobernante del gabinete de Sánchez. Más grave aún es que quien promueva la medida sea un magistrado de profesión como Fernando Grande-Marlaska, que no ha tenido la paciencia mínima para esperar a la modificación de la norma por las Cortes y ha tirado por la calle de en medio, urgido por las críticas que está recibiendo desde la izquierda por no poner fin a las «devoluciones en caliente» o no «terminar con las concertinas» en las fronteras del Ceuta y Melilla, como tan demagógicamente había prometido. Las prisas del ministro por quedar bien las paga la seguridad de los agentes y las Cortes, preteridas de nuevo por un Ejecutivo que pretende ningunearlas de facto, como vimos en el Senado.
