El «victimismo» de los independentistas hace agua en Europa
La estrategia de victimización de los independentistas ante instituciones y tribunales europeos empieza a hacer agua. Crecidos por la victoria que supuso la negativa de Bélgica y de Alemania a entregar a algunos de los procesados huidos (lo que motivó la retirada de todas las euroórdenes por parte del juez Pablo Llarena), el espaldarazo de Estrasburgo al Tribunal Constitucional -al inadmitir la demanda de Montserrat Aumatel por «manifiestamente infundada»- ha caído como un jarro de agua fría en el independentismo, por cuanto supone el primer pronunciamiento público del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las garantías del Estado de Derecho español en relación con el 1-O.
Y es que el recurso de la integrante de la sindicatura del «procés», un órgano que no llegó a funcionar y que iba a hacer las veces de Junta Electoral en el referéndum ilegal, supone solo el primer portazo de los muchos que a partir de este momento dará Estrasburgo al órdago rupturista.
Según ha podido saber ABC de fuentes del Tribunal, hay pendientes de admisión otros quince recursos de miembros de esa misma «junta electoral» que previsiblemente seguirán los mismos pasos que el de Aumatel, quien pretendía cobrar una indemnización al considerar que se vulneraron sus derechos por no informarle personalmente el TC de que podía ser multada.
El pasado septiembre, tras desobedecer al Tribunal Constitucional al negarse a disolver las juntas electorales pese a la prohibición del referéndum, el órgano de garantías impuso multas diarias de 6.000 euros a todos los integrantes de las delegaciones territoriales. No fue necesario que ninguno de ellos pagara, porque la amenaza de tocarles el bolsillo disolvió como un azucarillo cualquier atisbo de persistencia. Todos abandonaron sus cargos y al final el TC levantó las sanciones.
Junto a los recursos de los «síndicos» hay otros dos pendientes de admisión relacionados con la consulta independentista ilegal: uno de ellos, de la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y 70 exdiputados por la prohibición de un Pleno al amparo de la ley del referéndum suspendida por el Constitucional; el otro, de dos particulares que alegan la vulneración de «la libertad de expresión y opinión del pueblo de Cataluña».
Suspensión de un Pleno
A tenor de la defensa de la legitimidad que para Estrasburgo tiene el TC español -tanta que en el recurso de Aumatel el tribunal europeo no ha pedido ningún tipo de explicación a España y lo ha inadmitido de plano- es muy probable que el escrito de Forcadell siga los mismos pasos que el de los «síndicos».
La dirigente independentista, hoy procesada por rebelión, consideró vulnerado el derecho a la libertad de expresión y a la participación política por el hecho de que el TC suspendiera un Pleno cuyo único punto del día era la comparecencia del entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para valorar el resultado del 1-O y analizar «sus efectos».