El déficit de la Seguridad Social rondará los 19.500 millones de euros este año

El desfase entre los ingresos y gastos de la Seguridad Social lejos de reducirse, aumenta. Las mayores subidas aplicadas este año han elevado la factura de las pensiones a cifras desconocidas, y el déficit del sistema público amenaza con escalar, de nuevo, hasta cantidades históricas. Fuentes consultadas por ABC sitúan los números rojos de la Seguridad Social en el entorno de los 19.500 millones este año, lo que supondrá casi 4.000 millones más que en 2017 e incumplir la rebaja del desequilibrio que se preveía para este ejercicio. La previsión inicial era que, subiendo un 0,25% las pensiones, el déficit del sistema se redujera del 1,6% al 1,4% este año (de 18.800 millones a 17.300 millones), lo que permitiría rebajar el desvío desde los 18.800 millones de 2017 a algo más de 17.300 millones. «La presión del gasto elevará el déficit a final de año en dos o tres décimas, hasta el 1,8% o el 1,9% del PIB», aseguran las mismas fuentes. Alzas del 1,6% y del 3% El escenario para 2019 será todavía más negro para el sistema de previsión porque las prestaciones volverán a revalorizarse con el IPC. No habrá tampoco ningún mecanismo de ajuste del gasto, dado que el Factor de Sostenibilidad, uno de los ejes fundamentales de la reforma de las pensiones, se trasladó de 2019 a 2023 tras el acuerdo presupuestario con el PNV. Su entrada en vigor el próximo 1 de enero hubiera ligado la pensión inicial a la esperanza de vida con el objetivo de que a igual contribución durante la etapa como cotizantes, el jubilado perciba el mismo importe de pensión pública. Las mismas fuentes situán el déficit el año que viene muy por encima de los 20.000 millones. El pasado 1 de agosto el gasto en pensiones alcanzó la cifra récord de 9.217,96 millones, lo que supuso un a lza interanual del 4,86%, el porcentaje más elevado para un solo mes desde octubre de 2013. El alza responde al nuevo sistema de revalorización aplicado este año. Frente a las subidas del 0,25%, el acuerdo con el grupo vasco incluyó una subida adicional en agosto del 1,6% y del 3% para las prestaciones mínimas y no contributivas. Previamente, el 27 de julio se desembolsaron 1.121 millones que los jubilados cobraron en una paga única correspondiente a los atrasos de la revalorización de los primeros siete meses del año. A este desembolso de unió la mejora de las pensiones de viudedad y podría sumarse otra partida para compensar a los pensionistas por el desvío de los precios a final de año si , como todo apunta, suben más del 1,6% previsto. Las fuentes consultadas por ABC destacan que el gasto del sistema crece ya un 5% interanual, una cifra que se mantendrá este ejercicio frente unos ingresos «que, en el mejor de los casos, se situarán en el 2,5%». Este escenario pondrá en un serio aprieto al Gobierno cuando tenga que afrontar el pago de la extraordinaria de Navidad a los pensionistas. La escalada del gasto hará que el crédito del Tesoro no sea suficiente para afrontar los pagos comprometidos. Desaceleración del empleo ¿Cómo se abordará este gasto? Pese a las fuertes críticas que recibió el Gobierno de Rajoy a utilizar el Fondo de Reserva no parece que tendrá otro camino. Es complicado, casi imposible, que aborde cambios normativos, tampoco hay que esperar grandes aumentos de la recaudación porque el empleo ha entrado en fase de desaceleración, como también la economía, por lo que una transferencia directa de impuestos es prácticamente inviable. En las cuentas de 2018 el anterior Gobierno popular ya previó la disposición de 3.826 millones de euros del Fondo de Reserva. Esta cantidad se sumaría al préstamo del Tesoro a la Seguridad Social de hasta 15.164 millones incluido en el Presupuesto para este mismo concepto. Si bien de este crédito habría que detraer los de 7.500 millones utilizados para hacer frente la extra de verano. El Gobierno aún dispondría a final de año de más de 7.500 millones del crédito del Tesoro con los que costear la extra de Navidad. En el traspaso de carteras la exministra de Empleo, Fátima Báñez, y el entonces secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, comunicaron esta opción a la actual titular de Trabajo, Magdalena Valerio, y al secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. Esta hucha de las pensiones rozó los 67.000 millones de euros en 2011 cuando Mariano Rajoy llegó al poder y, desde entonces, se ha utilizado año tras año para costear las pagas extra de verano y Navidad de los pensionistas dada la imposibilidad de afrontar las dos nóminas dobles solo con cotizaciones. El Pacto de Toledo, paralizado En este contexto, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo sigue enzarzada en polémicas que están impidiendo un acuerdo. Desde finales de 2016 llevan debatiendo sus señorías sin atisbo alguno de aproximación. La negociación sigue encallada en la revalorización de las pensiones, por imposición del PSOE, lo que ha impedido que la comisión estudiara nuevas medidas para sostener el sistema público. Las posturas no son coincidentes. De un lado ERC y Unidos Podemos defienden que las pensiones suban año a año, como mínimo, conforme a la inflación, sin descartar que en los años de mayor bonanza económica puedan aprobarse alzas mayores teniendo en cuenta otros indicadores como el PIB, pero nunca por debajo del IPC. De otro lado estarían el resto de grupos, partidarios de la introducción de otras variables junto al IPC como los salarios y el PIB. La semana pasada, desde Unidos Podemos advirtieron a los socialistas de que no les iban a «dejar un centímetro para recular», después de que la portavoz del PSOE en la comisión del Pacto, Mercé Perea, asegurara que «hay países que plantean, además del IPC, otros factores como los salarios, que permiten a los pensionistas mejorar su capacidad económica. ¿Por qué vamos a renunciar?», dijo. Una ley para revalorizar Aunque los socialistas defienden que no han reculado en ningún momento y que siguen defendiendo la revalorización de las pensiones con el IPC, Unidos Podemos quiere que el Gobierno dé un paso más y lo garantice por ley. Algo que la ministra de Trabajo ya ha rechazado. Desde el PP, Ciudadanos y PdCat defienden que se tengan en cuenta los ciclos económicos y se incluyan elementos de flexibilidad para aplicar los incrementos en tiempos de crisis. Valerio ha reclamado al Pacto de Toledo que reanude «cuanto antes» sus reuniones para llegar lo más pronto posible a un acuerdo, que les permita emitir un informe con sus recomendaciones para reformar el sistema. Sin embargo, también ha advertido que si esto no sucede, «el Gobierno legislará», aunque espera «no tener que hacerlo por decreto ley».