En manos de los que quieren romper España

Ayer se cumplió un año del comienzo operativo de la rebelión contra el Estado que supuso el asedio contra la Guardia Civil que, por mandato judicial, procedía al registro de la Consejería de Economía de la Generalitat y la detención de algunos de los responsables de la organización del referéndum ilegal. Las imágenes hablan por sí solas y suponen la prueba más evidente de que se trataba del comienzo de lo que más tarde cuajaría en un intento de golpe de Estado. La Justicia se está encargando de aplicar la ley a los cabecillas de la asonada ante el más grave ataque a la democracia y a la soberanía de los españoles, recogida en la Constitución, desde el 23-F. Esa respuesta del Estado no puede ser otra y es deber de todos respaldarla, en primer lugar apoyando la instrucción que el Tribunal Supremo está llevando a cabo, pese a las presiones sobre el magistrado Llarena para que se conceda la libertad condicional a los golpistas en prisión preventiva.


En realidad, es la propia banda del lazo la que mantiene en la cárcel a esos encausados, toda vez que parece evidente su riesgo de fuga si tenemos en cuenta que parte de los procesados ha optado por la fuga. Desgraciadamente, el coro para ablandar la respuesta del Estado ya ha hecho fortuna en la ultraizquierda populista (siempre al margen de la responsabilidad) y en el nacionalismo presuntamente moderado, aquel del árbol y las nueces, que ayer reclamó la libertad de los presos y, ya puestos, la conversión de España en una confederación de Estados, como la UE. Es decir, ya todos los socios de Sánchez, los que le llevaron al poder, son partidarios de la ruptura del Estado. Y lo que es peor, saben de la debilidad de un Gobierno enclenque y desnortado, que no está legitimado por las urnas y que con su evanescente sentido de Estado ha dado alas a los partidarios de deshacer España... que en eso andan.