La silenciosa red valenciana que vigila las entrañas de la tierra

La provincia de Valencia cuenta con diez enclaves encargados de vigilar permanentemente cualquier movimiento que se produzca en el suelo. Forman la silenciosa pero eficaz red encargada de vigilar cómo se comportan las entrañas de la tierra y su corteza, en una de las zonas de España con alto riesgo de terremotos.


Esos diez enclaves forman parte de la Red Sísmica nacional, vinculada al Instituto Geográfico nacional. Su emplazamiento y características los ha desvelado el Gobierno en una respuesta escrita a la diputada valenciana Elena María Bastidas (PP). Según la información facilitada, esa red está compuesta por ocho instrumentos de medición ubicados en su práctica totalidad en la capital de la provincia, y por dos estaciones sísmicas digitales.


Los ocho instrumentos de medición se encuentran instalados en el Ayuntamiento de Xátiva, en el Monasterio de El Puig y los otros seis en Valencia capital. Exactamente, dos equipos se encuentran en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y el resto en los sótanos de la sede territorial del Ministerio de Fomento, en la Delegación del Gobierno, en la sede territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, y en la Escuela Superior de Ingenieros de Geodesia y Cartografía. Esos ocho equipos son «instrumentos para el registro de la aceleración por movimientos fuertes del suelo», según la información oficial que ha dado el Gobierno en esta respuesta parlamentaria.


En cuanto a las dos «estaciones sísmicas digitales de registro de velocidad», se encuentran en la Central Nuclear de Cofrentes y en la localidad de Chera, en cuyo término municipal se localiza el embalse de Buseo.


Cualquier incidencia que registra esta red es transmitida inmediatamente a la Subdelegación del Gobierno en Valencia, a la sala de operaciones de emergencias del 112, a Protección Civil de la Comunidad Valenciana y a la Delegación del instituto Geográfico Nacional en Valencia, según el protocolo que hay establecido a estos efectos.


Desde el año 2011, la Comunidad Valenciana cuenta con su propio Plan Especial ante el Riesgo Sísmico, una obligación derivada del peligro potencial de terremotos que existe en las provincias de Alicante y Valencia. La normativa estatal establece que aquellas autonomías con riesgo significativo de sufrir terremotos han de contar con planes especiales para hacer frente a esos riesgos.