Ruptura entre patronal y sindicatos por el convenio de las ambulancias
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La patronal responde así a la decisión de los sindicatos CCOO, USO y SIBF de convocar una manifestación el próximo jueves, 27 de septiembre, en Toledo para denunciar los incumplimientos del actual convenio colectivo y de las condiciones de prestación del servicio establecidas en los pliegos que regularon la adjudicación de las contratas, según ha informado CCOO en nota de prensa.
«Nos parece una decisión injustificable y, además, contraria a los intereses de todo el sector; no solo de los trabajadores, que tienen todo el derecho a manifestarse y razones de sobra para hacerlo. También va en contra de las propias empresas; y aún más de los usuarios del servicio, que son todos los castellano-manchegos», ha advertido el responsable del sector del Transporte Sanitario de CCOO-FSC en Castilla-La Mancha, ha valorado Alfonso Tercero.
Así, ha indicado que van a Toledo a denunciar lo mal que se está prestando el servicio y para exigir al Gobierno regional que cumpla su compromiso de destinar al sector los 25 millones de euros que tenía presupuestados para adjudicar las contratas y que se ahorró gracias a las bajas de las ofertas presentadas por las empresas ganadoras.
En este sentido, ha añadido que esos 25 millones no son para los trabajadores, son para el sector. «El Gobierno se comprometió con CCOO a destinarlos a mejorar el servicio asistencial y las condiciones laborales de quienes lo prestan porque sabía y sabe que, después de los destrozos de Cospedal, esos 25 millones son imprescindibles para restablecer la calidad del servicio, la dignidad laboral y la propia capacidad de las empresas para garantizar ambas», ha señalado.
Por ello, ha manifestado que «es absurdo» que la patronal prefiera sembrar el conflicto laboral en vez de defender los intereses del sector y los suyos propios.
Además ha apuntado que el dinero sería para la renovación de los vehículos; la dignificación de las bases de trabajo; la capacidad de ofrecer a los usuarios un servicio de calidad y de garantizar la seguridad del transporte sanitario; y la posibilidad de poner punto final a las penurias laborales, a uso y abuso de los contratos en prácticas, a las pérdidas de poder adquisitivo acumuladas durante cinco años.