Investigan un agujero de 80 millones de euros en el Campus de la Justicia de Aguirre
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El magistrado considera que las prácticas sospechosas del Campus de la Justicia –un proyecto que encargó la expresidenta madrileña Aguirre, del Partido Popular, y que tuvo continuidad en su sucesor Ignacio González como Ciudad de la Justicia– podrían ser constitutivas de los
delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delitos societarios y otros conexos; la esencia de la corrupción.
Aunque no hay aún personas investigadas, el magistrado ha comenzado a practicar las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias del proyecto, han informado fuentes jurídicas. Sin supuestos responsables señalados todavía por la Justicia, el foco podría apuntar entre otros a Alfredo Prada, el que fuera consejero de Justicia en la fase inicial del proyecto. Prada forma parte del núcleo duro del equipo de Pablo Casado, el líder del PP.
El Campus de la Justicia, cuyos primeros trabajos se remontan al año 2005, se pretendía levantar en el barrio de Valdebebas, al norte de Madrid, y aspiraba a concentrar todos los órganos judiciales con competencia para asuntos madrileños, como los juzgados de lo penal, la Audiencia Provincial, o el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Solo se culminó uno de los catorce edificios planeados, el conocido como «donuts», que prevía alojar el nuevo Instituto de Medicina Legal, que nunca ha sido utilizado. Es la huella del fallido macrocomplejo.
Denuncia de Anticorrupción
La denuncia de Anticorrupción que ha precipitado la investigación se sustenta en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas del pasado mes de marzo. Este análisis concluyó que la sociedad mercantil Campus de la Justicia no contó con los mecanismos internos de control necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre contratos públicos.
Según los trabajos de fiscalización de la Cámara de Cuentas, el importe total de la contratación que requirió el Campus de la Justicia de Aguirre ascendió a más de 355 millones de euros. Además del «donuts», solo se llevaron a cabo, sin completar, las obras de urbanización y los túneles de acceso.
Entre otras irregularidades, el informe desveló la ausencia de documentos justificativos del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económica y organizativa sobre la empresa pública, la incompleta rendición de cuentas sobre sus actividades, así como deficiencias en la incorporación de las inversiones financieras o de tesorería. Los investigadores también indagan en defectos en la tramitación, en la ausencia de motivos que justifiquen determinados pagos, o en contratos desligados de la actividad de la empresa.
El informe de la Cámara de Cuentas es tan demoledor en sus conclusiones que el Gobierno regional de Cristina Cifuentes decidió dar traslado del mismo a la Fiscalía, por recomendación de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, en marzo de este año. También la oposición en la Asamblea –PSOE, Podemos y Ciudadanos– investigó sobre el Campus y llevó sus conclusiones ante Anticorrupción.
La Cámara denuncia que «el coste incurrido por la Sociedad en la ejecución de las nuevas sedes judiciales alcanzó los 80 millones de euros entre 2006 a 2010», hasta que el proyecto se paralizó, aunque las únicas obras que se llevaron a cabo fueron las del instituto de Medicina Legal. Y las futuras sedes del Tribunal Superior y la Audiencia Provincial, «sin tener una sola piedra colocada, generaron unos costes de casi 19 millones de euros».
Más irregularidades
Destaca el informe la «desproporción existente entre el personal directivo y el resto»: en diciembre del ejercicio 2007 «la nómina estaba compuesta por siete directivos y tres administrativos». Los incrementos salariales de los primeros alcanzaron «porcentajes hasta del 80 por ciento».
El rosario de irregularidades detectadas no para ahí: entre septiembre de 2009 y diciembre de 2010, faltan certificaciones de obra por un importe de 19,1 millones de euros. Constata además que a la hora de contratar, hay licitaciones en las que aunque se solicitaron tres ofertas, la «apariencia de concurrencia no se produjo realmente ya que las proposiciones pertenecen a empresas vinculadas entre sí». Y «en algunas licitaciones se produjo un trato de ventaja hacia uno de los empresarios concurrentes», añade.
Entre las operaciones concretas investigadas por el juez se encuentran la aplicación de las nuevas tecnologías en el Campus, de 2007; la creación de la marca representativa y la estrategia de comunicación del macrocomplejo; el aquiler de la lona publicitaria de la fachada de la calle Goya, 66; y otros servicios planeados para impulsar un proyecto que se quedó en eso.