«El socialismo en Cuba es irrevocable», según la Constitución
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Reconocimientos al papel del mercado y de nuevas formas de propiedad privada, así como transformaciones encaminadas a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, se encuentran entre las modificaciones a la actual Carta Magna que más se debatieron por la población de la Isla.
Reticencias de la Iglesia
Por primera vez la Constitución cubana incluirá la prohibición de discriminar a las personas con base a su identidad de género, origen étnico y discapacidad. El matrimonio gay, que tendrá impacto en el Código de Familia cubano vigente, tuvo fuertes oposiciones y rechazos entre al menos cinco nominaciones de la Iglesia, fundamentalmente la rama Metodista, quienes se manifestaron en campañas públicas bajo el lema: «Estoy a favor del diseño original».
Varios habaneros encuestados recientemente coincidieron en que el único cambio en el orden político dentro de la Isla es que por primera vez, desde el año 1976, el jefe de Estado no tiene apellido Castro. La institución de los cargos de presidente y vicepresidente de la República, así como retomar la figura de primer ministro, también fueron propuestas incluidas dentro de las reformas constitucionales, así como la limitación «por un período de cinco años y por hasta dos mandatos consecutivos» para la Presidencia de la República.
Las reformas a la Constitución ratificaron «el carácter irrevocable del socialismo» como diseño político y al Partido Comunista «como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado». El carácter de «comunismo» fue abolido de la Carta Magna, a propuesta del fallecido Fidel Castro, en la primera reforma constitucional en 1992.
Habaneros como Ricardo Poveda, en trámites para la obtención de la ciudadanía alemana, criticaron que las reformas constitucionales no incluyeran una revisión a su Artículo 32, según el cual el régimen cubano no admitirá la doble ciudadanía. A juicio de Orestes Matos, profesor de Física en una escuela secundaria, «es una especie de blindaje político para en el futuro limitar posibles reformas que puedan traer al país verdaderas libertades económicas y sociales».