El TSJ libera a los profesores de la gestión del programa Releo Plus

Desde que vio la luz, el programa Releo Plus, que regula el funcionamiento de los bancos de libros de texto en la Comunidad, ha estado acompañado por la polémica. Los profesores y organizaciones sindicales no estaban de acuerdo en que tuvieran que ser los docentes los que se encargasen de la gestión, catalogación y distribución del material entre el alumnado y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) les da la razón. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal castellano y leonés ha declarado nulas las dos órdenes de la Junta publicadas en 2017 que regulan el programa Releo Plus, estimando así la reclamación interpuesta el año pasado por la Asociación de Profesores de Secundaria (Aspes-CL), en la que solicitaban que los docentes no tuvieran que dedicarse a las labores de gestión, puesto que «no son de su competencia», explican desde la agrupación. En su resolución, el TSJCyL hace «especial mención» a los artículos en los que se atribuían funciones y labores que «no son competencia de los docentes de los centros», señalan desde la agrupación. De esta forma, Aspes considera que los tribunales liberan al profesorado de tener que realizar labores administrativas en los bancos de libros. Así, pese a que se había establecido que parte del profesorado que participaba fuese voluntario, el equipo directivo, «que sí estaba obligado» a realizar estas labores, ya no tendrán que hacerlo con o sin contrapartida económica», subrayó la representante de Aspes, Cristina Fernández. Y es que hace escasas semanas, la Junta estableción una gratificación extra para aquellos docentes que se dedicasen a la gestión del programa del banco de libros. Lo que solicitan desde la asociación es que se contrate a «personal externo para realizar ese trabajo» y confían en que así se haga tras esta resolución de los tribunales. Por su parte, la Consejería de Educación estudiará la sentencia y, una vez analizada, decidirá qué aspectos debe cambiar. La resolución condena a la Administración al pago de costas.