El Parlamento gallego insta al Estado por unanimidad a recuperar por la vía civil el Pazo de Meirás

El Parlamento de Galicia ha aprobado este miércoles con los votos de todos los grupos políticos —PP, PSOE, En Marea y BNG— una proposición por la que instan al Gobierno del España a que inicie un proceso civil para la recuperación del Pazo de Meirás a manos públicas. El acuerdo unánime se ha fraguado sobre la hoja de ruta trazada por el informe elaborado por la comisión de expertos de la Xunta y conocido a finales de junio, según el cual el Gobierno puede reclamar la propiedad del histórico inmueble dado que fue comprado y mantenido con dinero público, y empleado durante la dictadura como una residencia oficial del entonces Jefe del Estado.



Los cuatro grupos parlamentarios coincidieron en lo esencial: revertir Meirás al patrimonio público supondría corregir una situación anómala producida durante la Guerra Civil, consolidada durante la dictadura y mantenida en la actual democracia. «Hoy tenemos una gran oportunidad de hacer un ejercicio democrático y de contribuir a demostrar la superioridad moral de la democracia sobre cualquier otra forma de gobierno, y particularmente aquellas basadas en la negación de derechos, de las libertades fundamentales y del debate libre de ideas», ha expuesto el popular Pedro Puy.


En el texto aprobado —originalmente redactado por el PP pero al que se le incluyeron enmiendas del resto de grupos— se recoge que el Parlamento instará al Gobierno a iniciar este proceso civil, para el que se le remitirá la documentación de las distintas comisiones de expertos —la creada por la Xunta y la que se organizó desde la Diputación de La Coruña—. El socialista Xaquín Fernández Leiceaga exhortó a la Cámara a «aprovechar la oportunidad de tener un Gobierno sensible a estos temas». Además, la iniciativa plantea que la Xunta se persone en el procedimiento judicial en el momento procesal oportuno.


Posible indemnización
Uno de los puntos de mayor disensión entre las formaciones era el referido a la hipotética indemnización que los Franco pudieran recibir en este procedimiento expropiatorio. Los expertos de la Xunta advertían de que, si un juez los consideraba poseedores de buena fe del Pazo, podrían tener derecho a reclamar una compensación por los gastos de mantenimiento del inmueble que fueran capaces de probar desde el fallecimiento del dictador. BNG y En Marea consideraban inasumible que se abriera una puerta a indenmnización alguna.



«Es una bofetada a las víctimas y a la dignidad de Galicia», ha recriminado la nacionalista Ana Pontón, «que no busquen subterfugios para inemnizar a la familia». Finalmente, los grupos han zanjado esta discrepancia manifestando en la resolución aprobada la negativa del Parlamento a que se les abone cantidad alguna a los herederos de Franco.



Fuera del acuerdo han quedado dos reivindicaciones del BNG que tanto para PSOE como PP eran cuestiones «extemporáneas»: la ilegalización de la Fundación Francisco Franco y la exigencia de un posicionamiento político del Parlamento en favor de 19 miembros del BNG procesados tras una denuncia de los Franco por ocupar el Pazo de Meirás como medida de protesta.


Con este acuerdo parlamentario sobre la mesa —que vuelve a contar con el apoyo unánime de los grupos, como en su día sucedió con la creación del comité de expertos—, la Xunta abordará en próximos días una reunión con el ministro de Cultura, José Guirao, en cuyo orden del día irá ineludiblemente la cuestión de Meirás. En el primer encuentro que mantuvieron el pasado día 2 el ministro y el conselleiro Román Rodríguez ya se produjo una primera toma de contacto. La pelota queda desde hoy, en el tejado de la Abogacía del Estado.