Denuncian al alcalde de Valladolid por no abrir expediente a un edil tras contratar a su cuñada
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Según ha podido saber Europa Press en fuentes jurídicas, la denuncia presentada este jueves ante el Juzgado de Guardia se refiere a los hechos ocurridos en noviembre de 2015, cuando el departamento de Personal que depende de la Concejalía dirigida por Antonio Gato solicitó al Ecyl la contratación de tres profesionales, concretamente un ingeniero de caminos, un ingeniero industrial y un economista, para un contrato previsto hasta junio de 2017. Una vez que se recibieron los candidatos remitidos por el Ecyl, se realizaron las pruebas selectivas el 2 de diciembre y dos días después se publicó el resultado de las puntuaciones obtenidas y el nombre de las personas seleccionadas en cada una de las plazas. En la de economista la seleccionada fue P.M.G, cuñada de Antonio Gato.
El 7 de julio de 2016, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Antonio Bermejo, remitió una carta al alcalde pidiendo explicaciones sobre este hecho y en la misiva, además, pidió que actuase en consecuencia al considerar que Gato podría haber «vulnerado gravemente» la Ley de Bases de Régimen Local y La ley de Transparencia, Acceso a la Información.
Denuncias y quejas
Ante la falta de respuesta, Bermejo volvió a enviar un nuevo escrito al que Puente respondió y explicó que el proceso de selección se realizó de forma «impecable» y que Antonio Gato no intervino «para nada en el proceso y no tuvo conocimiento del mismo» y que la intervención del concejal de Hacienda «no sólo no fue determinante, sino que fue meramente formal y sin trascendencia alguna».
Antonio Bermejo y Óscar Puente se cruzaron varios escritos más sobre esta cuestión hasta que, en junio de 2017, el alcalde firmó y llevó a la Junta de Gobierno el acuerdo por el que aceptaba la abstención de Antonio Gato en la firma de la prórroga de los tres contratos, entre ellos el de su cuñada. Por ello, en agosto de 2017, el Grupo Popular presentó una denuncia ante el Consejo Estatal de Transparencia y Buen Gobierno que, al no tener competencia en el ámbito territorial de Castilla y León, remitió dicha denuncia al Comisionado de Transparencia que, por su parte, se inhibe al no tener tampoco competencia en la materia, aunque recomienda presentar la queja al Procurador del Común.
En octubre de 2017 se presentó una queja al Procurador del Común por la «presunta infracción de Gato al no abstenerse en la firma del contrato de su cuñada así como por la falta de actuaciones del alcalde de Valladolid». En abril de 2018, el Procurador del Común dictó resolución en la que instó a la Alcaldía de Valladolid «a dictar resolución motivada sobre la solicitud de incoación de procedimiento sancionador contra un concejal por infracción del deber de abstención».
En los fundamentos de derecho de la denuncia se recuerda que la abstención de un cargo o empleado público de participar o resolver los asuntos que tengan relación con un familiar es una obligación contemplada en múltiples normas de Derecho Administrativo como la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. De hecho, la Ley de Transparencia establece que la comisión de infracciones previstas dará lugar a la imposición de sanciones como la destitución en los cargos públicos que ocupe el infractor, además de que recoge que este título será de aplicación a altos cargos o asimilados... que «no se implicarán en situaciones o intereses compatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad».
Por ello, los denunciantes consideran que «difícilmente el señor Puente Santiago podría encontrar razones para no sancionar al señor Gato».