«No se entiende por qué se obliga a los valencianos a pagar unidades que no es necesario concertar»

«No se entiende por qué se obliga a todos los valencianos a pagar unas unidades que no es necesario concertar». Con ese argumento, la Generalitat recurrirá la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula parcialmente el decreto que regula la enseñanza concertada y que obliga a la Conselleria de Educación a mantener las aulas concertadas que no renovó. En un comunicado, la Conselleria de Educación ha asegurado que "no comparte" la resolución del Alto Tribunal y ha recordado que, no es firme. Ha señalado que "no se entiende por qué se obliga a todos los valencianos a pagar unas unidades que no es necesario concertar, porque con la oferta de plazas que tenemos en los centros sostenidos con fondos públicos está más que asegurada". Tabmién ha remarcado que las unidades de algunos centros a las cuales se refiere el órgano judicial corresponden a Bachillerato de algunos centros y que la valenciana es "de las pocas autonomías que concierta el Bachillerato en el Estado español". En cuanto al decreto impulsado por la Conselleria, han explicado que se estableció el año pasado porque era cuando todos los conciertos de Bachillerato acababan su contrato, por lo cual consideraba que era el momento de estudiar las unidades que había que concertar según las necesidades de la oferta educativa. Por ello, desde la Generalitat han asegurado que "se concertaron las unidades de Bachillerato necesarias para cubrir la oferta educativa siguiendo criterios transparentes y rigurosos". Satisfacción del sindicato mayoritario Por su parte, el sindicato FSIE-CV, mayoritario en la enseñanza concertada, ha asegurado que este viernes "se ha hecho Justicia" para los centros educativos concertados de la Comunitat Valenciana, después de la que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya anulado parcialmente el decreto del Consell y haya devuelto a los colegios las aulas suprimidas. "No se puede cambiar la voluntad de los padres ni el futuro de los profesionales a base de cierres y recortes".