La Comunidad evalúa ya el impacto ambiental de la operación Chamartín
El Ayuntamiento de Madrid ya ha comenzado a impulsar los trámites administrativos necesarios para que Madrid Nuevo Norte, la conocida como operación Chamartín, se convierta en una realidad tangible. El pasado 4 de mayo, el Consistorio remitió a la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio la documentación que la ley exige para que la Comunidad de Madrid valide el proyecto. Este paso previo es imprescindible para poder modificar el Plan General de los terrenos sobre los que se asentará el proyecto.
Según informaron a ABC fuentes del área de Desarrollo Urbano Sostenible, entre los documentos remitidos a la Comunidad, el Ayuntamiento ha entregado una memoria que recoge la propuesta para revisar «la calificación del suelo, los usos urbanísticos, la edificabilidad, y las redes públicas», entre otras cuestiones. El acuerdo pactado entre el Consistorio, el Ministerio de Fomento y DCN (formado por el BBVA y la constructora San José) prevé la construcción de 10.510 viviendas y una edificabilidad de 2,66 millones de metros cuadrados, frente a los 17.000 pisos y 3,37 millones de metros cuadrados que planteó el gobierno popular de Ana Botella.
El otro informe entregado contiene un estudio pormenorizado del clima, la calidad del aire, la vegetación y la fauna del entorno, las zonas verdes, la gestión de las aguas, la calidad del suelo, las infraestructuras existentes y las que podrían afectar a la calidad acústica, etcétera.
Además, como la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que se inicia ahora con estos trámites afecta a un territorio que ya ha sido muy analizado, el Ayuntamiento ha anticipado como anexos los informes recabados y emitidos por las múltiples organismos e instituciones durante la tramitación del Plan Parcial del período 2009-2011 y el del 2014-2015. Esta información se completó el pasado 14 de mayo con los trabajos e información existentes sobre «el medio físico, contaminación acústica, saneamiento y cuencas de escorrentía».
Según la legislación ambiental vigente, corresponde a la Comunidad realizar los trámites de información pública a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas poniendo la documentación a su disposición para que, en un plazo de 45 día laborables, planteen sus comentarios. Si todo sigue según lo previsto, en julio, la Junta de Gobierno aprobará el plan. Pero no será hasta octubre cuando tenga que ser refrendado por la mayoría del Pleno.