Multar por no explicitar el Photoshop: así es el plan proigualdad del Congreso
Bajo el impulso del histórico 8 de marzo y espoleado todavía por el «efecto Manada», el Congreso de los Diputados dedicó ayer 3 horas y 49 minutos a debatir sobre igualdad. La Comisión del ramo incluyó un ramillete de proposiciones no de ley (PNL), todas vertebradas en torno a la conquista de avances entre sexos en la sociedad, algunas de ellas tan llamativas como prohibir a los clubes de deporte que anulen las cláusulas antiembarazo o se les prohíba rescindir contratos a deportistas cuando vayan a tener un bebé.
Mar Mas, presidenta de la Asociación de Mujeres en el Deporte Profesional, recibió el debate con escepticismo. «Una PNL no sirve de nada; la ley del deporte necesita una estructuración importante», dijo. «Todo el mundo sabe que esas cláusulas son ilegales, pero existen -se queja Mas-. La ley dice que es ilegal despedir a alguien que esté embarazada, aunque la precariedad de los clubes hace que estén abocadas a que las despidan». Añade, en declaraciones a ABC: «A Leire Olaberria la fueron apartando del equipo de ciclismo. A la windsurfista Blanca Manchón dejaron de pagarle sus patrocinadores cuando se quedó embarazada y no tiene un convenio al que ampararse». «Es duro porque tu carrera profesional es muy corta y coincide con tu mejor momento para ser madre. Es cruel. La obligas a ser madre o ser deportista cuando hay casos que son buenísimos, como Maialen Chourraut» (piragüista). «No tienes derechos como deportista mujer. La Ley del Deporte es de 1990 y fija que solo son profesionales las ligas masculinas», agregó Mas.
De hecho, según la diputada Ester Capella, del grupo autor de la propuesta, ERC, «al no prohibir las cláusulas la administración ha hecho dejación y ha dejado en situación de desamparo legal a muchas deportistas». La propuesta fue aprobada con los votos a favor de ERC, PSOE, Unidos y Cs. El PP se abstuvo y defendió, en palabras de Carman González Guinda, que «hay armas legislativas» suficientes para combatir esas cláusulas, aunque «necesitamos el compromiso firme de los clubes».
En el debate de las nueve PNL presentadas ayer, algunas formaciones políticas se fueron por las ramas y recordaron propuestas anteriores. La diputada de Compromís, Marta Sorlí, aprovechó la iniciativa que defendió la parlamentaria del PP María José García-Pelayo y que consistió en pedir al Gobierno que «traslade una imagen equitativa y no estereotipada de las personas» e incluya a partir de ahora «un uso igualitario del lenguaje». Sorlí salió al trapo y dijo que los populares no están autorizados para hablar de lenguaje no sexista cuando no quiso ni cambiar el nombre al Congreso de los Diputados y llamarlo Congreso a secas.
Por su parte, María del Mar García, la representante de Podemos, criticó que «ni la ministra de Igualdad (Dolors Montserrat) cumple» con este abandono de sesgos sexistas. Durante el debate, el diputado de Ciudadanos Miguel Ángel Garaulet animó a la Real Academia Española «a borrar del diccionario toda herencia misógina». Pese a los matices, la propuesta también fue respaldada por todos los partidos.
Abusos sexuales
Los ecos de la sentencia de «La Manada» en Pamplona resuenan por tercera semana consecutiva en el Parlamento. Dentro del batiburrillo de propuestas de mayor y menor calado que se abordaron ayer, la Comisión de Igualdad acordó pedir al Gobierno medidas para frenar el uso cada vez más relevante de drogas previos a los delitos sexuales y se evalúe este fenómeno con indicadores estadísticos reales. Un dato revelador son los audios del chat compartido por los 21 integrantes de la pandilla sevillana de «La Manada», marginados fuera de la instrucción judicial del caso de abuso sexual en los sanfermines de 2016. En dichos audios los cinco jóvenes encarcelados hablan del empleo de «burundanga» para actuar con mayor impunidad frente a posibles víctimas. Los de Pedro Sánchez consideran que España no cumple con la ONU cuando sugiere castigar como «agravante» el uso de sustancias psicoactivas que faciliten la agresión.
La diputada socialista Ángeles Álvarez fue la encargada de defender la propuesta que salió adelante con el apoyo de todos los grupos del arco parlamentario. Álvarez consideró que, en España, «las agresiones sexuales son el pan de cada día de mujeres y niñas», aunque emplazó a solicitar el incremento de penas por el uso de drogas para violaciones hasta que se conozca el informe final de la Comisión de Codificación que estudia la revisión de estos delitos dentro del Código Penal tras la sentencia de Pamplona.
El Parlamento instará al Ejecutivo de Mariano Rajoy a incluir un tipo específico en el Código Penal que clausure las páginas web que fomenten la anorexia o la bulimina y castigue toda conducta que fomente un trastorno alimentario, confirmaron fuentes de la formación naranja. Cs pretende acabar con la opacidad que rodea a las portadas de revistas y publicidad con retoques digitales, y expliciten que una maniquí ha «retocado» la foto con instrumentos como Photoshop. Para Cs, hay que mirar a Francia, que impone multas de 37.500 euros y exige a las modelos un certificado de salud.