El Parlamento Europeo visitará Doñaña pero no paraliza el gasoducto
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha confirmado la intención de enviar una misión de investigación al Parque Nacional de Doñana para la segunda mitad del año 2018. Además, remitirán cartas al Estado y la Junta de Andalucía para recabar información sobre los posibles riesgos sísmicos de la iniciativa y las medidas que se están implementando en la zona a cuenta del proyecto de Gas Natural en Doñana.
Esta comisión acogía este miércoles las intervenciones del coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que pedián el impulso de medidas para que el gasoducto de Doñana «se suspenda definitivamente, en todos sus tramos, incluido el de Marismas Occidental», que ya se ejecuta.
Sin embargo, la Eurocámara no ha considerado oportuno acceder a dicha petición, al considerar que el órgano adecuado para hacer este requerimiento son los entes judiciales de los Estados miembros.
En este sentido, el representante del organismo europeo ha especificado que la comisión «tiene la práctica de no hacer investigaciones paralelas», por lo que, habida cuenta de que el caso ya se encuentra «sub iudice» -la Junta de Andalucía ya ha iniciado el procedimiento para la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la falta de acción estatal para parar el proyecto-, no considera viable intervenir.
Pero según Maeztu, este gasoducto «no es compatible, de acuerdo con el principio de precaución, con la necesidad de garantizar la conservación y mantenimiento del Espacio Natural de Doñana».
Maeztu ha señalado que no se ha realizado, como exige la normativa europea, la Junta de Andalucía, la Defensoría del Pueblo Español, la del Pueblo Andaluz y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), una evaluación conjunta de los cuatro tramos antes de ejecutar el proyecto para impedir «un completo análisis de las afecciones acumuladas y sinérgicas que podrían producirse sobre los hábitats y las especies amparadas por la Directiva de Hábitats, derivadas de su ejecución».
Ha añadido que el CSIC alertó de que «no se identifican ni valoran los riesgos asociados a la inyección de gas en el subsuelo», pese a que «el proceso de inyección de gas puede provocar movimientos sísmicos y que su valoración debería haberse incluido en la declaración de impacto ambienta l».