Santi Vidal dice que mentía en sus charlas sobre el «procés» de Cataluña
El juez y exsenador de ERC Santi Vidal mintió en el «tour» de conferencias que entre finales de 2016 y principios del 2017 hizo por varios municipios catalanes para hablar del proyecto del referéndum y de una hipotética república independiente. Lo ha admitido esta tarde en su declaración como investigado ante el juez de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum.
En esa serie de charlas con simpatizantes, Vidal aseguró que el Govern tenía una partida oculta de 400 millones de euros para la consulta independentista; que habían estudiado qué jueces de los destinados en Cataluña compartían el proyecto soberanista, y que la Generalitat tenía de forma ilegal los datos fiscales de los catalanes para el censo del referéndum.
Hoy se ha retractado. Según fuentes judiciales, ha explicado al titular del Juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que nada de eso era cierto. A preguntas de su abogada -no quiso responder a la Fiscalía ni a las acusaciones-, Vidal ha justificado que hay que entender sus comentarios en el contexto de un «mitin» con simpatizantes y que únicamente estaba planteando posibles escenarios de futuro.
Vidal está apartado como juez por haber participado en la elaboración de un borrador para una hipotética constitución catalana. Su suspensión de tres años acaba el próximo mes, y hoy ha comunicado su petición de reingreso, según fuentes judiciales. La investigación abierta contra él por los preparativos del referéndum podría dificultar la reincorporación.
También ha comparecido como investigado el exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC) Carles Viver Pi-Sunyer, expresidente del Consell Nacional para la Transición Nacional. En su declaración ha contestado a las preguntas de todas las partes y ha asegurado que su papel en el proceso independentista fue el de «asesor» de los diferentes departamentos.
Empresarios investigados
Por otra parte, el juez también ha citado a declarar el 7 de marzo como investigados a cuatro empresarios vinculados a la fabricación y distribución de publicidad del 1-O. Según el auto, lo hicieron a sabiendas de la suspensión del Tribunal Constitucional.