Qué es un suplicatorio, a quién se aplica y cómo se pide

Los diputados y senadores cuentan con inmunidad y en el caso de ser juzgados tiene que ser previa autorización de la Cámara.

¿Qué es un suplicatorio? Los diputados y senadores españoles cuentan con una inviolabilidad por las opiniones que manifiesten, dadas las funciones que llevan a cabo. Además, como se expone en el artículo 71 del título tercero de la Constitución Española, durante su mandato gozan de inmunidad, por lo que tanto diputados como senadores solo puedan ser detenidos en caso de cometer un delito de gravedad extrema y solo pueden ser inculpados y procesados con la autorización previa de la Cámara en la que ejerzan funciones (como el Congreso y el Senado, aunque esto también aplica a las instituciones europeas como el Parlamento de la UE). 

En el caso de que un diputado o senador se encuentre envuelto en una investigación judicial y un juez considere que debe ser investigado por cualquier cargo es necesaria la autorización de la cámara correspondiente, a través del proceso de la petición del suplicatorio. 

¿Qué es un suplicatorio?

Un suplicatorio es una petición de la autoridad judicial de un país en el que se pide permiso al Parlamento para enjuiciar a uno de sus miembros. 

Su objetivo, como explica el Reglamento interno del Parlamento Europeo, es “suspender la inmunidad de un diputado”. Sin embargo, a nivel europeo y como remarca la web de la institución comunitaria, “no constituye un veredicto de culpabilidad, sino que simplemente permite a las autoridades judiciales nacionales proceder a la investigación o el juicio.”

Así, el catedrático de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep María Tamarit, explica que “no puede seguirse un proceso penal contra un diputado sin la autorización de la Cámara, de modo que la posibilidad de seguir adelante con el proceso estaría condicionado a que el Parlamento, tras una votación, decida otorgar la autorización”. 

¿Qué pasos se siguen para pedirlo? 

En el caso de la UE, el proceso está regulado en el artículo 9 del Reglamento interno del Parlamento Europeo. Una vez la autoridad competente dirige al presidente de la Eurocámara la petición de suplicatorio, este se la comunica al pleno y es remitida a la comisión de Asuntos Jurídicos. 

Los miembros de este grupo estudian el caso, pidiendo toda la información que crean necesaria y dando la oportunidad al diputado de explicarse y de aportar los documentos en su defensa que estime oportuno. Excepto en el momento de su comparecencia, la persona para la que se pide el suplicatorio no está presente en los debates de la comisión sobre su caso. 

Si la petición de suspender la inmunidad se formula por varios cargos, la comisión de Asuntos Jurídicos analiza cada uno a la hora de emitir su opinión sobre si ha de aprobar o desestimar el suplicatorio. Publicado el informe en el que expresan su opinión, este se incluye en el orden del día del siguiente pleno que haya en el Parlamento. La Cámara adoptará su decisión por mayoría simple y esta será comunicada por el presidente de la institución tanto al diputado afectado como a la autoridad del Estado miembro que inició el proceso. 

¿Qué consecuencias tiene?

Sobre el informe emitido por la comisión de Asuntos Jurídicos, la norma comunitaria establece que “excepcionalmente” podría proponer “que se conceda la suspensión o el amparo de la inmunidad únicamente a efectos del ejercicio de la acción penal”. Esto es, que “mientras no recaiga sentencia firme” no se podría detener, dictar prisión provisional o adoptar contra el diputado ninguna medida que le impida realizar sus funciones como europarlamentario. 

En cualquier caso, incluido si se le suspende la inmunidad, el afectado mantiene su escaño en el Parlamento Europeo: “El mandato de un diputado es nacional y, por tanto, no puede ser retirado por ninguna otra autoridad”, recoge la web de la Cámara.

¿Cómo funciona el suplicatorio en España?

En España, el Poder judicial debe solicitar un suplicatorio a las Cortes Generales para proceder de forma penal contra alguno de los integrantes del Poder legislativo. 

En el supuesto de que un juez o tribunal encuentre méritos por los que procesar a un diputado o senador no podrá emprender el procedimiento contra este hasta que no se obtenga la autorización de la cámara a la que pertenezca, tal y como se expone en el artículo 750 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

En el artículo 751 de esta misma norma se matiza que tan solo si el diputado o senador delinque in fraganti podría ser detenido y procesado sin la solicitud de esa autorización previa de la cámara. En este supuesto, en las 24 horas siguientes la autoridad procesal tendría que poner en conocimiento de los hechos a la cámara correspondiente. 

El suplicatorio en el Congreso de los Diputados

El suplicatorio en el Congreso de los Diputados puede solicitarlo la autoridad judicial para procesar o inculpar a uno de sus miembros. El procedimiento que este órgano recoge en la normativa aplicable a la Cámara Baja es el siguiente: 

• Una vez que el Congreso recibe la solicitud de suplicatorio, el presidente, después de haberlo acordado por la Mesa del Congreso, dispone de un plazo de cinco días para enviarlo a la Comisión del Estatuto de los Diputados. 
• La Comisión del Estatuto de los Diputados dispone de un mes de plazo para debatir la propuesta y la audiencia se podrá llevar a cabo por escrito o de forma oral en el plazo que fije.
• Una vez que la Comisión haya finalizado su cometido, se someterá a votación en el primer Pleno ordinario de la Cámara. 
• En el plazo de ocho días, el presidente del Congreso trasladará a la autoridad judicial la decisión tomada. 
• En el caso en que la cámara no se pronuncie durante dos meses se daría por denegado el suplicatorio. 

El suplicatorio en el Senado

El procedimiento de suplicatorio en el Senado está recogido en el reglamento de la Cámara Alta y se centra en los siguientes aspectos:

• Al igual que en el Congreso, ningún senador podrá ser juzgado sin la autorización previa de la cámara, ya que están protegidos por la condición de su cargo, como apunta el Estatuto del Senador. 
• En el caso del Senado, se recoge que tampoco podrá ser juzgada la persona que, antes de llegar al cargo de senador, ya se encontrase inculpada o en un procesamiento por algún delito. 
• En el supuesto de que se concediera el suplicatorio, este sería sometido a votación, para la cual sería necesaria la mayoría absoluta. 
• Se contempla además en esta norma que se suprima la condición de senador de la persona implicada.

Qué ocurre cuando se deniega un suplicatorio

Cuando un suplicatorio no recibe respuesta por parte de la cámara a la que corresponda en un periodo de 60 sesenta días, se entiende que ha quedado denegada la petición. En este supuesto la persona que era sujeto de procesamiento queda libre de ese la investigación, que no podría continuar contra él. 

• En el caso del Congreso, se han aprobado uno de cada dos suplicatorios, según el cálculo realizado por Newtral a partir de los datos de iniciativas de suplicatorio propuestas por la Cámara Baja. Según el registro que ofrece el Congreso de los Diputados, se han presentado 59 suplicatorios desde 1977. 
• En España no se han aprobado todos los suplicatorios que se han propuesto. La última vez que esto ocurrió se dio en 1988, cuando el Congreso de los Diputados rechazó la petición interpuesta contra José Barrionuevo, ministro de Interior del momento.