Por qué varios casos de cambio de sexo registral en Ceuta pueden suponer un “claro” fraude de ley según los expertos
Los especialistas consultados por Newtral.es recuerdan que los encargados del Registro Civil deben perseguir los fraudes de ley.
Las informaciones que aseguran que 37 miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado supuestamente han modificado su sexo registral en Ceuta para “obtener beneficios” han reabierto el debate sobre los posibles casos de fraude de ley en torno a la ley trans y LGTBI.
Como ya explicamos en Newtral.es, algunas personas han aparecido en distintos medios de comunicación, principalmente televisión, hablando de los supuestos beneficios que quieren obtener tras haber modificado su sexo registral a mujer, como una pensión de jubilación más elevada, o que tratarán de recuperar la custodia de sus hijos. Tras la viralidad de estos casos, el Ministerio de Igualdad declaró a Newtral.es que la norma está funcionando y que “el abuso” de la norma “se pena”.
La Federación Estatal LGTBI+ ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que actúe con contundencia y rigor contra los fraudes de ley, destacando el “vergonzoso” desfile de militares que tratan de “cuestionar la ley LGTBI+, burlarse de las personas trans y atacar sus derechos al hacerse pasar por trans ‘de forma grotesca’”. También han pedido a los medios “responsabilidad” para que no den visibilidad a estos casos.
Distintos expertos consultados por Newtral.es coinciden en que lo de Ceuta se trata de evidentes ejemplos de fraude de ley, que surgen con la intención de que se derogue la norma que reconoce la rectificación de la mención registral del sexo de las personas trans e intersexuales, y que la falta de sensibilización o de interés por perseguir estos casos por parte de los encargados del Registro Civil pueden facilitar su proliferación.
Los casos de fraude de ley de Ceuta tratan de “torpedear” la ley trans, según expertos consultados
Un intento de que se derogue la ley trans es el principal motivo que manejan los expertos con los que hemos consultado, como es el caso de Óscar Arroyuelo Suárez, miembro del Observatorio Vasco LGTBI+ y de la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco.
Este experto recuerda que, con la aprobación de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ya se produjo una oleada de vídeos virales de hombres que aseguraban haber comenzado el proceso de rectificación del sexo registral “sin encontrar obstáculo alguno y en plazos que, por lo establecido en la propia norma, eran sencillamente imposibles”. Mientras que ahora “nos hallamos inmersos en una segunda ‘ola’ de noticias que buscan crear una corriente de opinión generalizada” en contra de la norma, según Arroyuelo. Todo ello para dar la falsa impresión de que la norma en realidad buscaba “beneficiar a un grupo de aprovechados”, así como “borrar a las mujeres y perjudicarlas en sus derechos conquistados”.
“Estas personas están intentando ‘torpedear’ una ley que, como cualquier otra, puede tener sus flecos y sus grietas”, coincide Patricia Orejudo, profesora de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, quien recuerda que la apuesta por la autodeterminación de género no proviene únicamente de la ley trans promulgada por el Gobierno de España, sino también de Europa.
Como detalla Orejudo, “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya reconoció en sus últimas resoluciones que no se puede obligar a una persona, porque sería contrario al derecho a la integridad física, a realizar cirugías o tratamientos hormonales o lo que sea, como condición para conceder un cambio de sexo registral”. Es decir, que aunque no se trate de una imposición legal, el TEDH ya marcó el camino que deberían seguir en los próximos años todos los Estados, que es el de la autodeterminación sin necesidad de tratamientos e informes médicos.
Los encargados del Registro Civil tienen el deber de perseguir los fraudes de ley
Tras la aprobación de la ley trans en febrero de 2023, el Ministerio de Justicia publicó una instrucción en mayo para dar más detalles con respecto a la rectificación de la mención registral relativa al sexo, como comenta Bárbara L. Monllor, que forma parte del Gabinete Jurídico de l’Observatori contra l’LGTBIfòbia, es investigadora del grupo Antigona de la Universidad Autónoma de Barcelona y también es profesora sustituta en el área de Filosofía del Derecho.
Como expone Monllor, “la instrucción, en el apartado tercero, da directrices al registrador, que tiene que probar o velar porque no se produzca el fraude de ley”. Esto tiene que hacerlo mediante preguntas a la persona declarante para verificar su voluntad de realizar esta modificación. Aunque esta instrucción, según opina Arroyuelo, “se limita a repetir lo previsto en la propia ley”, cuando en realidad debería “haber incluido pistas concretas para facilitar a las personas encargadas de cada registro el delicado trabajo de detectar posibles solicitudes fraudulentas”.
En cualquier caso, los expertos coinciden en que el Registro Civil tiene parte de la responsabilidad, tanto al recibir la solicitud al inicio del procedimiento, como cuando ya se ha realizado la modificación del sexo registral. Y es que los encargados del registro, así como cualquier persona interesada, pueden informar a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública –dependiente del Ministerio de Justicia– de estos posibles fraudes de ley, para que se investiguen. También la propia Fiscalía puede llevar a cabo las acciones oportunas.
Ahora bien, si el Registro Civil debe perseguir estos casos de fraude de ley trans, ¿qué puede haber ocurrido en Ceuta? Para estos especialistas podría tratarse de una falta de formación o sensibilización de los encargados del registro con respecto a las personas trans y la realidad LGTBIQ+, o incluso una “falta de interés”. Y es que al tratarse de personas que muestran de forma clara, incluso en televisión, que están actuando en fraude de ley, puede que “el Registro Civil no esté haciendo las preguntas oportunas o verificando oportunamente la cuestión”, como comenta Monllor.
“Cuando entra en vigor una ley, no está de más que la administración de Justicia promueva el reciclado de personal con una perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, y en este caso, para que conozcan qué está ocurriendo con las personas trans e intersexuales, para entenderlas mejor”, considera Orejudo. Por su parte, el experto de la Universidad del País Vasco recuerda que la ley trans recoge, en su artículo 12, la necesidad de formar al personal de las Administraciones públicas –como los responsables de los Registros Civiles– en estas materias, “una de las carencias aún no cubiertas”.
¿Se puede demostrar que algunas personas utilizan la ley trans actuando en fraude de ley?
La complejidad de estos casos de Ceuta reside en cómo demostrar que estas personas están actuando en fraude de ley aprovechándose de la ley trans. Algunos expertos están de acuerdo en que hay formas de probarlo, al igual que ocurre en otros fraudes en el Registro Civil, como pueden ser los matrimonios de conveniencia o el cobro irregular de pensiones de personas que han fallecido tiempo atrás.
Arroyuelo puntualiza que no se puede exigir que respondan a cuestiones sobre hormonación o intervenciones quirúrgicas, ni tampoco que modifiquen su nombre. Pero sí que el hecho de no cambiar su nombre, unido a que presentan una expresión de género socialmente reconocida como masculina, y que se expresan con “pronunciamientos que se convierten en parodias ridiculizadoras de las personas LGTBIQ+ al, por ejemplo, identificarse como mujeres en cuerpo de hombre, y declararse lesbianas porque les gustan las mujeres”, puede suponer, en su conjunto, una prueba del fraude de ley.
Además, hay más pruebas “si encima han salido en televisión a decir lo que han hecho, y de hecho están en un procedimiento para acceder a alguna plaza”, como añade la experta de la Universidad Autónoma de Barcelona, Monllor.
Orejudo, por su parte, opina que es lógico que exista un margen de error en la ley trans “que permita este tipo de fallos”, ya que le preocupa que estos casos abran la puerta a que se impugne “en contra de personas que no están ‘bombardeando’ la ley, sino ejerciendo el derecho que la ley les concede”. En su caso, la experta de la UCM cree que la sociedad será quien acabe de influir a estas personas para que vuelvan a rectificar su sexo registral a varón. Por ejemplo, en el caso de unas oposiciones, que los compañeros de esta persona no acepten que se presente por una prueba que no les corresponde, y se quejen por ello, o que le cuestionen si pretende solicitar una ayuda económica.
“Para mí deberíamos, como sociedad, ser fuertes y decir ‘no, así esta ley no se tumba’. Si empezamos a poner cortapisas otra vez puede pasar que vamos a dejar fuera a las personas que son trans de verdad, y vamos a caer en lo que quieren que caigamos de nuevo, en que ‘solo eres una mujer si tienes vagina’ y ‘solo eres un hombre si tienes pene’”, sentencia Orejudo.
No se obtiene una custodia compartida o se evita una condena por violencia de género solo por modificar el sexo registral
Entre los casos que se han viralizado en redes sociales y medios de comunicación de fraude de ley en Ceuta, se han destacado dos supuestos beneficios que podrían obtener estas personas por declarar ser personas trans.
Por ejemplo, una persona decía que iba a tratar de obtener la custodia de su hijo, al que lleva sin ver desde hace varios años. Pero las expertas coinciden en que cambiar el sexo registral puede ser inútil en casos de custodias. “Actualmente, la mayor parte de las veces la custodia es compartida, con una abrumadora mayoría. Entonces no tienes que cambiar de sexo registral para que te den la custodia. A lo mejor salieron cosas en el procedimiento que han llevado a que el órgano jurisdiccional no te dé la custodia. Pero no por ser hombre, sino por algo que has dicho o hecho”, aclara Orejudo.
Como añade Monllor, “puede ser una prueba en su contra, ya que [con la modificación del sexo registral] está haciendo un abuso de derecho. Y aparte, por viciar un procedimiento, otro abuso de derecho, y hasta puede suponer por ello un delito de obstrucción de la justicia”.
En cuanto a “librarse” de una condena por violencia de género, como ya explicamos en Newtral.es, la modificación del sexo registral no permite eludir una condena de este tipo. En realidad la persona es condenada según el sexo registral que tenía cuando cometió los hechos.
Fuentes
Declaraciones a Newtral.es de Óscar Arroyuelo Suárez. Miembro del Observatorio Vasco LGTBI+ /Euskal LGTBI+ Behatokia, y de la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Facultad de Derecho (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea).
Declaraciones a Newtral.es de Patricia Orejudo, profesora de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid
Declaraciones a Newtral.es de Bárbara L. Monllor Taltavull, miembra del Gabinete Jurídico de l’Observatori contra l’LGTBIfòbia, investigadora del grupo Antigona de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora sustituta en el área de Filosofía del Derecho