El Estado ha ingresado más de 500 millones procedentes de bienes incautados del narcotráfico en los últimos 20 años
El fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas se nutre del dinero en metálico y las propiedades incautadas en operaciones contra el narcotráfico.
El Estado ha ingresado 505 millones de euros en el fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas desde 2002, ya sea en dinero en metálico, mediante la venta de bienes incautados como en vehículos e inmuebles, o traspasándolos a entes públicos involucrados en la lucha contra la droga, como figura en los informes anuales del fondo. El Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, es el encargado de gestionar el fondo y publicar los informes, según marca el Real Decreto 1677/1985.
Este fondo, creado en 1995 con la Ley 17/2003, busca asegurar que los bienes incautados al narcotráfico se utilicen en la lucha contra el mismo.
¿Quién gestiona el fondo? La Mesa de Coordinación de Adjudicaciones es un órgano colegiado interministerial presidido por el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí, y del que forman parte representantes de los ministerios de Interior, Hacienda y Justicia. La Mesa se encarga de identificar, inventariar, y gestionar las subastas públicas de los bienes, así como de distribuir el dinero del fondo entre sus destinatarios.
¿Cuáles son los destinatarios del fondo? La norma establece como beneficiarios a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la lucha contra la drogodependencia, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria, la Fiscalía Especial para el tráfico de drogas y los organismos internacionales o gobiernos extranjeros involucrados en la lucha contra el narcotráfico.
Además, de los recursos que no hayan sido destinados a ninguno de los supuestos anteriores, la ley establece que se asignará al menos el 50% a programas de prevención de las toxicomanías y asistencia e inserción de personas drogodependientes.
El 73% de las incautaciones del narco son de dinero en metálico
El dinero en efectivo es una de las fuentes de las que se nutre el fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas. De los 505 millones de euros decomisados desde el año 2002, 368 millones, un 73%, proceden de este tipo de incautaciones.
En el año 2022, últimos datos disponibles, las autoridades llevaron a cabo 5.126 decomisos de dinero en metálico por un valor total de más de 22 millones de euros. El récord lo marcó el año 2010, cuando ingresaron al fondo más de 30 millones de euros incautados en el fondo contra el tráfico de drogas.
Los traspasos son realizados por los órganos judiciales que hayan ordenado el decomiso, y en la divisa en la que hayan sido confiscados. Después, antes de ser ingresados al Tesoro Público, son convertidos a euros si es necesario.
Desde 2002, el valor de los bienes incautados al narcotráfico y subastados asciende a 122 millones de euros
La segunda vía que más ingresos reporta al fondo es la enajenación de los bienes incautados, que puede realizarse mediante subasta pública o adjudicación directa (publicación de anuncio y venta a la mejor oferta económica). En ambos casos, la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones valora si los bienes son aptos para su venta, realiza su tasación y lleva a cabo los trámites necesarios.
Según los informes anuales de la Mesa, los bienes se clasifican en varios tipos:
- Vehículos: automóviles, camiones, furgonetas, motocicletas, maquinaria de obras públicas
- Inmuebles: viviendas, locales comerciales, plazas de aparcamiento, trasteros, fincas rústicas
- Embarcaciones: barcos de pesca o deportivos, lanchas, veleros, motores, embarcaciones neumáticas
- Aeronaves: aviones, helicópteros, drones
- Joyas: relojes de pulsera, adornos de oro, plata, piedras preciosas etc.)
- Objetos: decomisos no clasificados en alguno de los anteriores, como baratijas, pequeño electrodoméstico, ropa, material electrónico, muebles
En el caso de los inmuebles incautados al narcotráfico, la tasación y venta la lleva a cabo la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA), una empresa pública dependiente del Ministerio de Hacienda, puesto que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas no cuenta con los medios materiales y humanos suficientes.
Desde 2002, la enajenación de inmuebles decomisados ha supuesto para las arcas públicas un ingreso de casi 95 millones de euros, mientras los vehículos han superado los 15 millones de euros y las embarcaciones suman casi ocho millones.
En el caso de los bienes de escaso valor económico o alto coste de mantenimiento, la Mesa puede acordar su abandono. También se abandonan aquellos bienes cuya venta podría vulnerar la normativa sobre la protección de datos, como los equipos informáticos y los teléfonos móviles. En 2022 se adoptaron 799 acuerdos de abandono, fundamentalmente de objetos sin valor (354) y vehículos (399).
Los bienes que terminan en poder del Estado suman un valor de 15 millones de euros desde 2002
Desde 2002, diversos cuerpos policiales, incluido el Servicio de Vigilancia Aduanera, han recibido el equivalente a 15.090.152 euros entre vehículos, embarcaciones, aeronaves y objetos procedentes de incautaciones al narcotráfico.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden solicitarle a la Mesa el traspaso definitivo de los bienes incautados que hayan estado utilizando durante la investigación. En 2021, la Policía Nacional incorporó 77 vehículos del narcotráfico a su parque móvil mediante esta vía por un valor de 422.343 euros. El mayor importe se alcanzó en 2009, cuando la Policía obtuvo el traspaso de 28 vehículos por un valor total superior al millón de euros. Tres años después, en 2012, la Guardia Civil se adjudicó 70 vehículos valorados en más de medio millón de euros.
Nota metodológica: Los informes anuales del fondo de bienes decomisados incluyen, además de las cifras del año en que se publican, los datos de años anteriores. En algunos casos, las cifras relativas a años que ya han sido publicados no coinciden con las nuevas cifras. Cuando eso ocurre, se han seleccionado las cifras con fecha de publicación más reciente, por entender que la disparidad corresponde a correcciones posteriores.