El nuevo dictamen de la amnistía incluye el terrorismo según la UE y la malversación sin enriquecimiento como hechos condonados
El PSOE, ERC y Junts aseguran que la norma “cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista y que es plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea”.
La comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este jueves el nuevo dictamen de la proposición de ley de amnistía para los implicados en el procés. Esto se produce tras el reciente acuerdo entre PSOE, ERC y Junts per Catalunya, en el que se apuesta por incorporar los delitos leves de terrorismo, de traición y de malversación –excepto en los casos donde exista un enriquecimiento personal– como hechos condonados.
- Cómo queda la enmienda en torno al terrorismo. Se excluyen de la amnistía los actos de terrorismo conforme a la Directiva Europea y, “a su vez, hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos”.
Una norma “referente”. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha considerado que el texto “se va a convertir en un referente internacional”, con la que “se cierra una etapa de enfrentamiento, confrontamiento y tensión que protagonizaron una década”. Por su parte, Bolaños no ha querido entrar en hablar “de nombres concretos” sobre a quién afectará la iniciativa, pero ha asegurado que “la voluntad es que todas las personas involucradas en el proceso independentista queden amnistiadas”
Un nuevo intento. Los de Carles Puigdemont rechazaron la propuesta en el pleno de finales de enero porque, según la formación, “tenía agujeros que la Justicia prevaricadora española podría aprovechar para dejarla en papel mojado”, como señaló Míriam Nogueras, portavoz de Junts en la Cámara Baja. La diputada también avisó de que, desde su punto de vista, la futura ley de amnistía “ni era integral ni incluía a todos”. De esta manera, la formación catalana decidió votar en contra, por lo que la norma regresó a la comisión para poder consensuar un segundo escrito que pudiese satisfacer a las partes implicadas.
Próximos pasos. Tras el visto bueno de la comisión al nuevo dictamen de la amnistía, la iniciativa será remitida ahora al pleno del Congreso para que se pronuncie sobre esta versión. Para que salga adelante, se necesita en la primera votación una mayoría simple –es decir, más síes que noes– y, posteriormente, una segunda que requiere la mayoría absoluta –el respaldo de 176 diputados– por su carácter orgánico.
Jerga parlamentaria. Cuando una norma tiene el rango de ‘orgánica’ se exige una mayoría absoluta para que pueda ser aprobada. Asimismo, dicha condición se otorga cuando un texto aborda los derechos fundamentales, las libertades públicas y el régimen electoral general, entre otros supuestos.
El nuevo dictamen aboga por incluir determinados delitos y por extender el ámbito temporal de la amnistía
Después del acuerdo entre PSOE, ERC y Junts per Catalunya, el nuevo dictamen de la propuesta de amnistía incorpora una enmienda transaccional de estas formaciones con el objetivo de dar más garantías ante las dudas de los partidos catalanes.
Delitos no amnistiados. La norma seguirá dejando fuera los delitos de terrorismo que vulneren la Directiva Europea, de torturas cuando “superen un umbral mínimo de gravedad por resultar idóneos para humillar o degradar a una persona”, de traición o contra la independencia del Estado, y la malversación que suponga un enriquecimiento personal.
Delitos adaptados a los estándares europeos. Se incluyen como hechos condonados los delitos de terrorismo más leves; los actos de traición en los que no se haya producido una amenaza o un uso de la fuerza “efectivos y reales” contra la integridad territorial de España –un precepto que podría afectar a los implicados en el ‘caso Voloh’–; y también los delitos de malversación, siempre y cuando no “haya existido propósito de enriquecimiento”.
Ámbito amnistiado. El nuevo dictamen, además, extiende el ámbito temporal para aplicar la amnistía al 1 de noviembre de 2011 –hasta ahora, el conflicto independentista se situaba desde el 1 de enero de 2012–. De acuerdo con el preámbulo, “corresponde al poder legislativo el establecimiento de los criterios para ser beneficiado por la amnistía y corresponde al poder judicial identificar a las concretas personas comprendidas en el ámbito de aplicación establecido por el legislador”.
Multas. Se continúa sin el derecho de que se abonen las cantidades económicas en concepto de multa, pero ahora se añade un nuevo matiz: “salvo las satisfechas por imposición de sanciones al amparo de la ley de protección de la seguridad ciudadana, con excepción de las impuestas por infracciones muy graves”.
Se aplica a “todas” las personas. PSOE, ERC y Junts indican en su comunicado conjunto que la futura ley cubrirá “a todas las personas vinculadas al proceso independentista”. También consideran que el texto es “plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea”.
El obstáculo de los delitos terroristas, un aspecto a tener en cuenta
El principal escollo. ERC y Junts propusieron sendas enmiendas a la iniciativa para que pudiese abarcar todos los delitos terroristas por los que está acusado el independentismo, como los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). Para ello, las dos formaciones catalanes propusieron suprimir el párrafo que excluía de la amnistía dichas faltas siempre y cuando hubiera recaído en sentencia firme, pero finalmente no tuvo el visto bueno.
- Hubo un cambio que parece no convencer del todo. El primer dictamen salido de la comisión de Justicia modificó y dio nuevos matices al precepto en cuestión: se quedan fuera de la norma los actos de terrorismo que “hayan causado violaciones graves de derechos humanos” que, además, tiene que ser “de forma manifiesta y con intención directa”.
Al final, se aceptan cambios. Tras el rechazo de Junts, Pedro Sánchez indicó en una entrevista en Al Rojo Vivo (laSexta) que no estaba en su intención “tocar el texto”, aunque reconocía que “entre todas las agrupaciones políticas tendremos que encontrar una solución”. No obstante, un mes más tarde, el presidente del Gobierno se ha abierto a llevar a cabo modificaciones en la propuesta de amnistía para dar más garantías al partido de Puigdemont, que quedan reflejadas en el nuevo dictamen.
- La incertidumbre. Las garantías servirán para despejar las dudas que tenía Junts ante la posibilidad de que no pudieran acogerse a la medida de gracia todas las personas relacionadas con el procés. Esto incluye al expresidente de la Generalitat de Catalunya después de que el Tribunal Supremo haya decidido investigarle por un presunto delito de terrorismo por las acciones de Tsunami Democràtic.
La Comisión de Venecia no veta la amnistía como pedía el PP
La Mesa del Senado –donde el PP tiene mayoría absoluta– encargó a la Comisión de Venecia la elaboración de un informe sobre el respeto a la separación de poderes de la proposición de ley de amnistía. Tras la visita a España de este órgano asesor del Consejo de Europa en cuestiones constitucionales –cuyos informes no son vinculantes– se filtró un primer informe en el que se avalaba la norma, pero se criticaba que su tramitación se lleve a cabo por la vía de urgencia para acortar los plazos a la mitad.
Un borrador. Fuentes del Consejo de Europa aseguraron a Newtral.es que se trataba de un “borrador” y que el documento que se puede consultar por el momento de la Comisión de Venecia es el CDL-REF(2024)002, que como explica dicha institución a este medio es “la traducción al inglés de la proposición de ley orgánica de amnistía introducida en el Parlamento español por el Grupo Socialista en noviembre”.
Respecto a las recomendaciones. El preámbulo del nuevo dictamen subraya que la propuesta de amnistía “busca proporcionar seguridad jurídica, el respeto por el principio de legalidad y un marco legal para la protección imparcial de los derechos fundamentales”. Con ello, se pretende tener en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Venecia que “enfatizaba la importancia de mantener una distinción clara entre el poder legislativo y el judicial en la implementación de dicha medida de gracia”.