Guía para no perderse en el caso Koldo, la trama de las mascarillas vinculada al exasesor de Ábalos

La Audiencia Nacional investiga una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de material sanitario durante la pandemia que salpica al antiguo asesor del exministro socialista.

El caso Koldo es una presunta trama de corrupción que se investiga para determinar si hubo cobros ilegales en contratos de compra de mascarillas durante la pandemia, como te contamos en esta guía del caso Koldo. Desde que saltó a la opinión pública, ha sobrevolado toda la esfera política con el foco puesto en el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz de la detención de Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos por la sospecha del cobro de millones de euros en comisiones irregulares. El PSOE abrió un expediente disciplinario a Ábalos por su “responsabilidad política” y le suspendió cautelarmente como miembro del partido. El exministro, que defiende su inocencia, optó por mantener su escaño y pasarse al Grupo Mixto.

Explicamos las claves de la trama en esta guía del caso Koldo:

¿De dónde surge la investigación? La guía del caso Koldo

La investigación surge de una denuncia interpuesta por el PP de Madrid ante la Fiscalía de Anticorrupción el 10 de marzo 2022. La denuncia, presentada por el diputado y portavoz popular en la Asamblea madrileña, Alfonso Serrano, y a la que ha tenido acceso Newtral.es, denuncia “presuntas irregularidades habidas en contratos de emergencia relacionados con la COVID-19, formalizados por la Administración Central del Estado y el sector público institucional, así como otras irregularidades que afectarían a contratos y a la concesión de subvenciones públicas”.

• Contexto. Esta denuncia se interpuso poco después de que saltara el caso mascarillas presuntamente vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El caso quedó finalmente archivado por no encontrar la Fiscalía ningún indicio de delito.

¿Quién lo investiga?

La investigación, denominada oficialmente operación Delorme, está dirigida por el magistrado Ismael Moreno, del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. 

¿Qué delitos se investigan?

La Audiencia Nacional investiga “un presunto delito de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y delito de tráfico de influencias en relación con los contratos de emergencia relacionados con la COVID-19, formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional”, según indica el auto al que ha tenido acceso Newtral.es.

La guía del caso Koldo: ¿A qué contratos afecta?

El PP de Madrid denunció 13 contratos adjudicados a la misma empresa: Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, que pasó a facturar de 0 euros en 2019 a casi 54 millones de euros en 2020 tras estas adjudicaciones. No obstante, el juez Moreno investiga alguno de estos contratos de material sanitario, todos enmarcados en el estado de alarma decretado durante la pandemia y destinados a entidades dependientes del Ministerio de Transportes e Interior, así como a los servicios de salud de Baleares y Canarias. En total, rozan un valor de 50 millones de euros. 

• Contexto. Todos los contratos investigados se tramitaron por la vía de emergencia, un proceso que, como explicamos en Newtral.es, está regulado en el artículo 120 de la Ley de contratos del sector público y está limitado a tres situaciones: acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro y necesidades que afecten a la defensa nacional. Esta forma de contactar permite adjudicar contratos de forma rápida pero con poca transparencia. 

Se pudo emplear esta vía gracias a que, a raíz de decretarse el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, donde se señalaba que todos los contratos que tuvieran que celebrarse para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y para hacer frente a la COVID-19 se tramitarían por la vía de emergencia.

De entre los contratos bajo sospecha, los de mayor cuantía fueron:

• Un contrato adjudicado el 21 de marzo de 2020 por Puertos del Estado (dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirigía Ábalos), por un importe de 20 millones de euros.
• Un segundo contrato adjudicado por ADIF (también dependiente de la cartera que dirigía Ábalos) el 27 de marzo de 2020 por 12,5 millones de euros. 
• Un tercero adjudicado por 3,5 millones de euros, el 20 de abril de 2020, por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. 

La guía del caso Koldo: ¿Quiénes son los investigados?

El eje de las pesquisas pivota sobre Koldo García, exasesor de Ábalos, a quien los investigadores le otorgan el papel principal en la trama por su “relación personal y directa” con los funcionarios que adjudicaron algunos de los contratos. No obstante, quien controlaba la empresa Soluciones de Gestión, junto al también investigado Víctor de Aldama, empresario y presidente del Zamora Club de Fútbol, era Juan Carlos Cueto.

Anticorrupción también considera piezas clave al empresario Iñigo Rotaeche, propietario de Soluciones de Gestión; y José Luis Rodríguez, un subteniente de la Guardia Civil que estuvo destinado en Transportes y que trabajaría para Cueto. También están imputados la pareja de Koldo, Patricia Uriz; y su hermano Joseba, que desde 2019 trabaja en organismos vinculados al Ministerio de Transporte. 

¿Cuál es el papel de Ábalos en la trama?

El exministro de Transportes, que también ostentó el cargo de secretario de Organización del PSOE desde el 2017 hasta el 2021, es la persona que introdujo a Koldo García en el ministerio. No obstante, por el momento Ábalos no está imputado en el caso. 

¿Por qué está implicada Armengol?

Francina Armengol, la actual presidenta del Congreso de los Diputados, estaba al frente del Gobierno balear durante la pandemia, momento en el que se efectuó un contrato de mascarillas con Soluciones de Gestión SL por 3,7 millones de euros. En el año 2023, cuando seguía al frente de la comunidad, el Govern balear reclamó a la empresa 2,6 millones de euros por haber recibido mascarillas defectuosas. 

Fuentes

Querella de la Fiscalía Anticorrupción

Auto de la Audiencia Nacional sobre el bloqueo de cuentas