Caso Koldo: claves del contrato por el que el PP pide la dimisión de Armengol

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha pedido este viernes 1 de marzo la “dimisión inmediata” de Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, alegando que cuando esta era presidenta de Baleares supuestamente “compró material a una trama corrupta”. Sémper se refiere a un contrato que el Gobierno balear adjudicó en 2020 (cuando Armengol gobernaba en el archipiélago) que ahora está siendo investigado en el marco del caso Koldo, que indaga el presunto cobro de comisiones ilegales por intermediar en la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia.

En concreto, el contrato al que alude el portavoz nacional del PP es uno de los nueve que se mencionan en un auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional el pasado 19 de febrero. Buscando en la Plataforma de Contratación del Sector Público se puede acceder al expediente de dicho contrato y conocer algunos de sus detalles.

Según El Mundo, aquellas mascarillas eran defectuosas y sobrepasaban la filtración máxima de aerosoles que está permitida para este tipo de mascarillas. Borja Sémper ha denunciado que “cuando se recibió ese material, existen documentos que acreditan que el propio Gobierno de Baleares los identificó como material no satisfactorio. Fue almacenado, estuvo en el almacén y entendemos que sigue en el almacén”, ha condenado el popular. 

Los detalles del contrato que adjudicó el Gobierno de Armengol y que ahora se investiga en el caso Koldo

El contrato por el que el PP pide la dimisión de Armengol tenía como objetivo comprar mascarillas FFP2 en lo peor de la pandemia. Fue adjudicado el 12 de mayo de 2020, aunque cinco meses más tarde se tuvo que publicar una rectificación del documento matizando algunos detalles, como por ejemplo que la compra sería financiada con fondos de la Unión Europea y cofinanciada con el Programa Operativo FEDER de Baleares 2014-2020. También se justificó que el motivo del contrato era una “situación de extrema urgencia”.

La entidad pública que adjudicó el contrato fue el Servicio de Salud de Islas Baleares, que depende de la Conselleria de Salud del Gobierno autonómico (presidido por Armengol entre 2015 y 2023) y que se encarga de gestionar los servicios públicos sanitarios de carácter asistencial del archipiélago. El Gobierno de Armengol le otorgó por 3.701.500 euros (impuestos incluidos) el contrato a una empresa llamada Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, compañía sobre la que pivota la investigación del caso Koldo.

El contrato se tramitó por la vía de emergencia, un proceso que, como ya explicamos en Newtral.es, está regulado en el artículo 120 de la Ley de contratos del sector público y está limitado a tres situaciones: acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro y necesidades que afecten a la defensa nacional. Esta forma de contactar permite adjudicar contratos de forma rápida pero con poca transparencia. Además, con esta vía no es necesario realizar un concurso público previo, lo que significa que la entidad contratante (el Servicio de Salud de Islas Baleares) escogió directamente al proveedor (Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L.) sin dar la opción de que otras empresas interesadas compitiesen por llevarse el contrato.

Se pudo emplear esta vía gracias a que el 14 de marzo de 2020, el Gobierno declaró el estado de alarma en todo el país para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Este real decreto fue complementado posteriormente por el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, donde se señalaba que todos los contratos que tuvieran que celebrarse para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y para hacer frente a la COVID-19 se tramitarían por la vía de emergencia.

Fuentes

Plataforma de Contratación del Sector Público

El Mundo: ‘El Gobierno de Armengol ocultó que las mascarillas de la trama eran «ultrafake» para recibir fondos europeos’

Newtral: ‘Qué son los contratos de emergencia y por qué se utilizó esta vía de adjudicación durante la COVID-19’