Qué significa la reprobación de un ministro, una práctica simbólica sin implicaciones reales si sale adelante
La oposición presenta esta figura parlamentaria con la intención de expresar su descontento con las decisiones políticas de un miembro del Consejo de Ministros.
Una práctica dentro de la actividad parlamentaria es la solicitud de reprobación de alguno de los ministros o las ministras que conforman el Gobierno. Esta figura política, impulsada por los diferentes partidos de la oposición, es más simbólica que práctica, pues se suele tratar de afear una conducta o, incluso, de pedir la destitución de uno de los miembros del Ejecutivo. Con ello, el resultado de la votación no es vinculante.
Ministros, sí; presidente del Gobierno, no. La práctica de la reprobación se lleva a cabo contra los ministros, no contra el presidente del Gobierno. Si una formación política no ve adecuada la gestión de este último, tiene la posibilidad de presentar una moción de censura –como la de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy en 2018 tras hacerse pública la sentencia del ‘caso Gürtel’–.
¿En qué consiste la reprobación de un ministro?
La solicitud de reprobación es una práctica parlamentaria presentada por las fuerzas políticas de la oposición que no va más allá de un valor simbólico, pues no se encuentra recogida en ningún reglamento. Eso sí, en la práctica sirve para expresar la disconformidad de la correspondiente formación con las actuaciones o con las decisiones de un miembro del Consejo de Ministros.
Ningún efecto “jurídico”. La Constitución española explica en la sinopsis del artículo 108 que, pese a los “numerosos” instrumentos de control parlamentario (como las solicitudes de comparecencia) que van dirigidos hacia algún miembro específico del Gobierno, el Parlamento no puede decidir sobre la destitución de ningún ministro, “función que compete al presidente”. De esta manera, cuando las Cortes Generales han aprobado mociones de reprobación, estas han ostentado “efectos políticos, pero no jurídicos”.
Un intento sin éxito. En 2013, el PSOE apostó por reformar el Reglamento del Congreso de los Diputados para que las mociones de reprobación también fueran dirigidas a la máxima autoridad del Consejo de Ministros por haber faltado a la verdad en sede parlamentaria. La propuesta se materializó después de que el PP vetara en la Mesa de la Cámara Baja los intentos de los socialistas de interpelar a Mariano Rajoy por el ‘caso Bárcenas’.
¿Cómo es su tramitación en sede parlamentaria?
La moción de reprobación de un ministro tiene su origen en una interpelación al Gobierno o a cada uno de sus integrantes. Los grupos parlamentarios registran las interpelaciones, la Mesa admite a trámite el escrito y ya puede ser incluido en el orden del día de la próxima sesión plenaria, donde se debatirá y se votará. Para que reciba luz verde, se necesita una mayoría simple –más síes que noes–.
Jerga parlamentaria. La interpelación es una iniciativa de control formulada por diputados con el objetivo de preguntar sobre los motivos o los propósitos de la conducta del Gobierno en cuestiones de política general o sectorial. Se dirige, normalmente, a uno de los miembros del Ejecutivo. Además, las interpelaciones pueden originar mociones en las que la Cámara manifieste su posición ante el correspondiente tema abordado.
¿Qué efectos tiene una moción de reprobación de un ministro?
La práctica de la reprobación carece de un valor significativo, pues no cuenta con un carácter vinculante y no tiene más trascendencia que afear la conducta de un ministro. Mientras que si una moción de censura sale adelante, el presidente del Gobierno en cuestión deja de serlo desde ese mismo momento.
Cuando se da luz verde a una reprobación, el titular no tiene que dimitir ni ser cesado. Es decir, la persona reprobada puede continuar en su cargo sin problema.
Algunos ejemplos: desde Cristóbal Montoro hasta Fernando Grande-Marlaska
Por una amnistía fiscal. En 2017, Cristóbal Montoro, entonces ministro de Hacienda y Función Pública, fue reprobado por el Congreso de los Diputados a iniciativa del PSOE por la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal que aprobó en 2012. La medida de gracia permitió que las personas físicas o jurídicas que no habían declarado a la Hacienda Pública todos sus ingresos, pudieran regularizar su situación tributaria a través de la presentación de una declaración.
Por una interpretación. Vox pidió en 2022 sin éxito la reprobación de Irene Montero, exministra de Igualdad, al interpretar que en una intervención en la comisión de su ramo de la Cámara Baja, donde defendió el derecho de los niños a recibir una educación afectivo-sexual, promovía las relaciones sexuales de los más jóvenes.
Por el narcotráfico. El Senado acordó este febrero, a petición del PP, la reprobación de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, por “no dotar de los medios suficientes a la Guardia Civil para combatir el narcotráfico en la provincia de Cádiz” tras el asesinato de dos miembros de este Cuerpo, que fueron embestidos por una narcolancha en el puerto de Barbate.