EU y la contención de migrantes en Centroamérica
La migración regional ha sido un tema toral para la agenda estadounidense. Con el fin de conseguir la firma de acuerdos migratorios, EUA ha promovido una estrategia basada en presiones comerciales. México no ha sido el único país asediado por esta política: en su momento, Donald Trump encomendó al secretario interino del Departamento de Seguridad Interior, Kevin McAleenan, acordar medidas para frenar a los migrantes en Centroamérica.
En los últimos años, las tendencias de la migración indocumentada cambiaron. A partir de 2014, el perfil de adultos que llegaban a EUA en búsqueda de trabajo se transformó en familias, menores no acompañados, mujeres embarazadas o con niños, y adultos mayores que abandonaban sus países al huir de la violencia. La situación se disparó en 2018, cuando se incrementó la salida de caravanas migrantes de Centroamérica –mayoritariamente desde Honduras. La finalidad de los grupos era cruzar territorio mexicano de manera más segura hasta llegar a la frontera norte y pedir protección a EUA.
Esto activó una disposición legal distinta: aquellos que alegaban persecución debían ser procesados como solicitantes de asilo; una figura que apela al régimen internacional de refugiados, cuyo canon es la Convención de Ginebra de 1951. El estatuto correspondiente incorpora el principio de “no devolución”, que impide al Estado receptor retornar a peticionarios de refugio al país de origen cuando se argumenta temor de regresar. Del marco legal se desprende también el concepto de “tercer país seguro”, que prohíbe a una persona que sale de su país de origen (primer país) —como Honduras— escoger el país donde quiere ser refugiado, pues al llegar a un Estado de gran afluencia de solicitantes (segundo país)—como Estados Unidos— las autoridades migratorias podrían devolverlo al país que cruzó primero y que no representó un riesgo para su vida (tercer país seguro)–como Guatemala.
Dicha salvedad requiere cooperación: solo puede ocurrir si hay un entendimiento entre el “segundo” y “tercer país seguro”, donde este último adquiere la responsabilidad de procesar las solicitudes y, de aceptarlas, proporcionar a los refugiados medios para una vida digna. De ahí la insistencia estadounidense de firmar acuerdos con los países de Centroamérica.
El instrumento hasta ahora adoptado que más se acerca a este esquema es el Acuerdo de Cooperación respecto al Examen de Solicitudes de Protección, firmado por McAleenan y el ministro de Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, el pasado 26 de julio. El documento establece un compromiso a dos años por el que hondureños y salvadoreños deberán pedir refugio en Guatemala. A la par de este convenio, ambos países celebraron un Acuerdo sobre el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales que promete aumentar el visado H-2A y, eventualmente, proporcionar oportunidades para trabajadores en los sectores de construcción y servicios.
Dado que las negociaciones se efectuaron en medio del proceso electoral, los candidatos a la presidencia de Guatemala expresaron su inconformidad. El convenio migratorio se firmó, pero el Gobierno de Jimmy Morales no ha detallado sus condiciones al presidente electo Alejandro Giammattei. Aunque un amparo frenó la ratificación del Acuerdo durante semanas, el 10 de septiembre, la Corte de Constitucionalidad dio vía libre a su instrumentación. Debido a esta controversia, McAleenan ha sido cauteloso, evitando el término “tercer país seguro” en las negociaciones con las otras dos naciones del Triángulo Norte.
El 26 de agosto, Honduras firmó el Acuerdo de Cooperación en Materia de Asilo, por el cual se compromete a atender la migración irregular de cubanos y nicaragüenses. Este instrumento permitirá expandir las vías de migración legal para hondureños, quizá con un trato similar al formalizado con Guatemala. Adicionalmente, Estados Unidos pactó apoyar los esfuerzos del Gobierno de Honduras para reducir la violencia.
El turno de El Salvador llegó el 28 de agosto, cuando McAleenan firmó una carta de intención con el ministro de Justicia, Rogelio Rivas. El documento definió cuatro áreas de colaboración: seguridad fronteriza, intercambio de información, creación de capacidad de asilo, y promoción de oportunidades de inversión. Un mes más tarde, Alexandra Hill, ministra de Relaciones Exteriores, firmó el Acuerdo Cooperativo de Asilo. Con este, las partes se comprometieron a desarrollar un marco de refugio para El Salvador con ayuda del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y con financiamiento de EUA.
A cambio de estos compromisos, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, logró el apoyo estadounidense para su programa de patrullaje que ha desplegado 800 policías en la frontera con Guatemala, respaldados por 350 oficiales migratorios; no obstante, hasta el momento no ha tenido éxito en conseguir la extensión del estatus de protección temporal (TPS) para 195 mil salvadoreños que viven en EUA.
Los acuerdos signados han allanado el terreno para la aplicación de la Regla Final Interina. Con esta norma, Estados Unidos pretende que todo aquel que solicite refugio en su territorio haya agotado antes la instancia en otro país. La norma, vigente desde el 15 de julio, dificultará el ingreso de centroamericanos, pero también afectará a solicitantes provenientes de Haití, Cuba, Venezuela y países africanos. Además, la Administración Trump ha iniciado conversaciones con Paraguay y Costa Rica para detener a migrantes extrarregionales.
A lo anterior se suma el anuncio de un Plan de Cooperación de EUA hacia los países firmantes de acuerdos migratorios. Este programa pudo ser la moneda de cambio para convencer a las naciones centroamericanas de adherirse a los convenios. Sin embargo, la propuesta estadounidense pretende debilitar el potencial de apalancamiento que tendría la subregión del Triángulo Norte, en tanto busca que los acuerdos migratorios y la cooperación sean estrictamente bilaterales.
Ante la política de contención del vecino del norte y sus presiones económicas, la única salida es una respuesta concertada entre los países al sur del río Bravo. El Plan de Desarrollo Integral que México lidera se vislumbra como un buen comienzo, ya que pretende resolver las causas estructurales de la migración. No obstante, hace falta extender la misión, reunir fuerzas con las demás naciones de la región para hacer frente a los embates de Estados Unidos y atender las causas de la actual crisis de desplazamiento.
*Internacionalista por El Colegio de México