Alberto Fujimori: juicio por caso Pativilca se quebraría por cierre de la Sala de Derechos Humanos
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que lidera el presidente de la Corte Suprema Javier Arévalo, ordenó la desactivación del tribunal que lleva el proceso a Fujimori y otros casos de violaciones a derechos humanos.
El proceso contra Alberto Fujimori como autor mediato de los crímenes de seis campesinos de Pativilca, se quebraría debido al cierre de la 4ta Sala Penal Superior Liquidadora que ve casos de derechos humanos, ordenada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que preside Javier Arévalo, para fines de julio.
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El abogado de Aprodeh, Christian Huaylinos, que lleva el caso Pativilca, advirtió que con el cierre de dicho tribunal el juicio oral que empezó en diciembre del año pasado, tendría que reiniciarse. Explicó que por norma si se cambian dos jueces de un colegiado se quiebra el proceso, lo que ocurriría en este juicio porque lo verían tres nuevos magistrados.
Precisó que en este momento la Sala, presidida por la jueza Miluska Cano, están tomándose las declaraciones de los integrantes del Destacamento militar Colina, pero faltan otras etapas, por lo que es imposible que para julio se dicte sentencia.
Recordó que Vladimiro Montesinos y algunos miembros del grupo Colina se acogieron a la terminación anticipada.
Advirtió que el juicio volvería a fojas cero, con lo que se anularía todas las decisiones tomada por la Sala anterior, entre ellas la resolución de que el juicio debía continuar porque el indulto que le otorgaron no aplicaba el derecho de gracia.
Sostuvo que la defensa de Fujimori volvería a pedir que lo separen del proceso por el indulto, lo que será evaluado por una nueva Sala, que no ha visto casos de derechos humanos.
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Por su parte, el abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), calificó la decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial como un grave retroceso, pues muchos casos se quebrarían o se tendría que apurar su culminación.
Sostuvo que uno de los afectados es el juicio a efectivos de la Marina por la desaparición forzada del periodista de La República, Jaime Ayala Sulca, a quien representa, y otros pobladores de Huanta, así como los crímenes contra evangélicos en la comunidad de Callqui y las fosas con 50 cadáveres halladas en Pucayacu. Son hechos cometidos en 1984 en Huanta, Ayacucho.
Actualmente hay audiencias dos veces por semana, lo que se o tendrá que ampliar. Aún así, es demasiado apresurado dada la etapa en que está el caso.
En este momento se está terminando el debate de piezas procesales de los abogados de las víctimas, luego viene las piezas procesadas de la defensa de los acusados y del tercero civil responsable. También falta la requisitoria fiscal, los alegatos de todos los abogados y la defensa de los propios acusados. Cinco días después fijan fecha para dictar sentencia.
Esos son solo dos de los numerosos casos sobre violaciones a derechos humanos que siguen esperando justicia y que se verán afectados con la decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de desactivar la sala que ve casos de derechos humanos.