Intersocial Feminista: La violencia de género es responsabilidad del Estado

La Intersocial Feminista expresa que este 25 de noviembre, como todos los días, se movilizan para decirle: “basta a la violencia hacia las mujeres. Una violencia que ya no se puede esconder”. “Nos movilizamos porque en el contexto de pandemia nadie puede negar que el ‘quédate en casa’ para prevenirnos del COVID-19 fue una condena […]

La Intersocial Feminista expresa que este 25 de noviembre, como todos los días, se movilizan para decirle: “basta a la violencia hacia las mujeres. Una violencia que ya no se puede esconder”.

“Nos movilizamos porque en el contexto de pandemia nadie puede negar que el ‘quédate en casa’ para prevenirnos del COVID-19 fue una condena para las mujeres y niños, niñas y adolescentes que sufren violencia machista. Lo que nos salva del virus a las mujeres nos mata”, indican.

El movimiento feministra asegura que se movilizan para decir: “basta de femicidios, de no tener presupuesto apropiado para instrumentar una ley que protege las vidas de las mujeres y les da garantías”.

“Basta de naturalizar y minimizar los distintos tipos de violencias que sufrimos todos los días: sexual, doméstica, callejera, psicológica, económica, verbal y física, violencia que está en nuestras casas, trabajos y en las calles”, expresan en su proclama.

También plantean: “Basta de relativizar la emergencia nacional”, y manifiestan que resulta “inadmisible la mutilación de la Ley 19.580, cuando se plantea la derogación (en primera instancia) y suspensión sin plazo ni condiciones (en una segunda instancia) de los Juzgados Multimateria y asegurar condiciones de acceso a una justicia de calidad”.

Rechazan y expresan “basta a la violencia racista que afecta a las mujeres y niñas afro, a la violencia transfóbica que margina y vulnera los derechos de las mujeres trans, condenándolas a una vida de carencias y estigmas”.

Expresan “basta a la violencia lesbo- bifóbica que invisibiliza a tantas mujeres, y a la violencia y explotación sexual de mujeres, niños, niñas y adolescentes”.

“Basta de embarazos infantiles forzados, de hacer de cuenta que ‘de esto no se habla’, esto pasa en Uruguay todos los días; se necesitan políticas públicas de prevención, atención y reparación para estas vulneraciones de los derechos humanos”.

La Intersocial asegura que se movilizan “porque las desigualdades de género rompen a la vista durante la emergencia sanitaria y social, por la precariedad de los empleos, los mayores índices de desempleo y por asumir de manera desigual las responsabilidades de cuidados y de las tareas domésticas, porque en épocas de crisis las mujeres son las más empobrecidas. En nuestro país la pobreza tiene cara de mujer, tiene cara de niño, niña, adolescente y adulta mayor”.

Indican que “la pandemia no puede implicar restricciones para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva ni para justificar la violencia obstétrica”.

“Tenemos derecho a abortar si es lo que queremos y a ser acompañadas si lo que decidimos es parir”, expresan en su proclama.

Por otro lado, indican que la Ley de Urgente Consideración significa un “retroceso importante para los derechos humanos en Uruguay que afecta de manera desigual a mujeres, afros y adolescentes, en materia de legislación policial, proceso penal, privación de libertad, alquileres y protesta social”.

Discursos de odio

En otro orden, también expresan: “Basta de discursos de odio que ponen en duda las desigualdades y violencias que las mujeres padecen a diario en distintos ámbitos, de banalizar y deslegitimar la lucha feminista que busca una sociedad más justa, y de violencia machista que supone que las mujeres son un objeto plausible de ser adueñado, vulnerado, maltratado y asesinado por varones”.

“Nos mata mucho más la violencia machista que el COVID-19 por eso vamos a seguir exigiendo un presupuesto de 50.000.000 de dólares que se adjudique a implementar: servicios 365 días al año las 24 horas en todas las capitales del país, instalación inmediata de Juzgados Multimateria, educación sexual integral en la enseñanza, servicios especializados que hagan seguimiento de las denuncias policiales, servicios de atención psicosocial y legal a víctimas de violencia sexual, refugios para mujeres en situación de violencia de género y servicios especializados para atención a mujeres en situación de discapacidad”.

También indican que los recursos deben estar dirigidos a la ampliación en la atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, la formación en interseccionalidades, género y derechos humanos a operadores judiciales y fiscalías especializadas en violencia de género en todo el país.