La amnistía de Puigdemont beneficia a más policías que a independentistas
La Ley de Amnistía que Carles Puigdemont impuso como condición para investir a Pedro Sánchez no solo está lejos de poder aplicársele al expresidente fugado, con un complicado horizonte judicial, sino que, en el saldo de su aplicación actual, ha beneficiado a más agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que a encausados vinculados a la deriva ilegal del «procés». En los cuatro meses de vigencia de la norma, desde que entrara en vigor el pasado 10 de junio, el número de personas que se han visto beneficiadas por la amnistía asciende al menos a 154. Esto, entre condenados que han sido exonerados y absueltos que han visto cancelados sus antecedentes, incluidos los policiales. Del total de amnistiados hasta ahora, la mayoría –más del 61%– son agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En concreto, 95 personas entre policías nacionales, guardias civiles y mossos d’Esquadra.
Esta semana fueron amnistiados 45 agentes de la Guardia Civil investigados por su actuación durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. El Juzgado de Instrucción Número 4 de Mataró les exoneró de responsabilidad penal al entender que los hechos que se les atribuyen encajan en la Ley de Amnistía. Estos 45 se suman a otros 46 agentes de la Policía Nacional que ya fueron amnistiados semanas atrás en una investigación sobre las cargas del 1-O en colegios electorales de Barcelona. En aquel caso, el juez consideró que debía aplicarse la amnistía porque «las actuaciones investigadas fueron de escasa duración individual» y estuvieron «enmarcadas en un objetivo policial definido» que no se prolongó en el tiempo «más allá de la propia maniobra policial de entrada y salida de los distintos colegios electorales».
La Audiencia de Barcelona, por su parte, amnistió a cuatro miembros de los Mossos d’Esquadra acusados de delitos contra la integridad moral y lesiones. Hasta ahora, todas las amnistías concedidas han sido acordadas en los tribunales y juzgados con sede en Cataluña. Se han visto beneficiadas personas encausadas por delitos de malversación, prevaricación, desobediencia, desórdenes públicos, pertenencia a grupo criminal, tenencia de artefactos explosivos, delitos contra la seguridad vial, atentado contra la autoridad, delitos contra la integridad moral y lesiones.
Entre los amnistiados también hay vinculados al «procés». Los primeros fueron el exconseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, y el escolta del expresidente Carles Puigdemont, Lluís Escolà. El exconseller había sido condenado por malversación a cuatro años y medio de prisión por designar al mosso d’Esquadra Lluís Escolà, condenado a cuatro años por el mismo delito, como cargo de confianza para que escoltara al expresidente Puigdemont en el extranjero cuando huyó tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Esta semana, el Juzgado Penal 10 de Barcelona amnistió a la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega de un presunto delito de quebrantamiento de condena por aceptar un cargo público tras ser inhabilitada nueve meses por su implicación en la consulta del 9N. En la lista de beneficiados también figura la exalcaldesa de Figueres (Girona), que fue procesada por desobediencia y se encontraba a la espera de juicio por su participación en la preparación del referéndum independentista del 1-O.
Asimismo, consta el caso de un exsecretario del Ayuntamiento de Hostalric (Girona), que fue condenado por prevaricación a nueve años de inhabilitación especial para empleo de cargo público por «exagerar» la actuación de un grupo de personas que acudieron al pueblo para retirar lazos amarillos y pancartas en apoyo al proceso independentista, informa Ep. Al margen, el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona amnistió la malversación que se le atribuía al exconseller de Presidencia de la Generalitat Francesc Homs y al exsecretario de exteriores Senén Florensa. La juez entendió que los gastos que investigaba relativos a 2012 «no motivaron enriquecimiento o beneficio personal, sino que se destinaron a sufragar viajes y actividades de terceros, vinculadas a la promoción de la independencia de Cataluña» y que, por lo tanto, era actos amnistiables.