Covite denuncia concesiones de terceros grados a etarras que no están arrepentidos

Solo cuatro de los 70 miembros de la banda terrorista que han obtenido beneficios no fueron homenajeados

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado que el Gobierno vasco está siguiendo una estrategia «deliberada y cada vez más acelerada» de concesiones de terceros grados a miembros de ETA que no están arrepentidos de sus crímenes.

Los últimos presos de ETA que han sido agraciados con un tercer grado -comunicado ayer por parte del Gobierno vasco a Covite- son: Juan Carlos Subijana Izquierdo, José María Arregui Erostabe ‘Fiti’, Manuel Miner Villanueva, Garikoitz García Arrieta y José María Novoa Arroniz. «Todos estos presos de ETA son exhibidos constantemente por los satélites de la izquierda abertzale, principalmente SARE y Etxerat, así como por el propio Sortu, en sus manifestaciones en las que se exige su excarcelación, lo cual prueba que no están arrepentidos», afirma Consuelo Ordóñez, presidenta del colectivo de víctimas. «Es público y notorio que la izquierda abertzale prohíbe a los presos de ETA el arrepentimiento y la colaboración con la justicia, y sin cumplir con estos dos requisitos no se debería poder progresar al tercer grado, puesto que así está establecido en la ley». En este sentido, Covite recuerda que las declaraciones públicas de Joseba Azkarraga, portavoz de SARE, en la manifestación de enero de este año para pedir la excarcelación de los presos de ETA, incidieron precisamente en que los presos de ETA no deben arrepentirse: «Nos encontramos con que para la evolución a tercer grado se exigen a veces elementos como delación o arrepentimiento. Y mucho más importante que una delación impuesta es el mantenimiento en el tiempo del fin de la violencia. Los jueces deberían tenerlo en cuenta», aseguró Azkarraga.

Covite ha comprobado que solo cuatro de los más de 70 presos de ETA que se han visto beneficiados con un tercer grado no están presentes, desde hace años, en la cartelería de las manifestaciones de la izquierda abertzale, ni tampoco en las listas de Etxerat. Se trata de José Ángel Lerin Sánchez, Igor Martínez de Osaba, Ismael Berasategui y Andoni Otegui. Según apuntan, "esta comprobación se ha realizado mediante una revisión exhaustiva de todos los actos registrados en el Observatorio de radicalización", un espacio de la web de Covite en el que se documentan todos los actos de exaltación a ETA y a sus presos. «Esos cuatro sí estarán arrepentidos de verdad, y por ello habrán sido expulsados de la órbita de influencia de la izquierda abertzale, con toda la pérdida de beneficios que les habrá conllevado (renunciar a sus psicólogos, a sus abogados, a las pagas, al apoyo a sus familias, etc.)», considera Consuelo Ordóñez. «Al resto de presos beneficiados con un tercer grado les siguen exhibiendo en sus aquelarres siniestros como si fueran héroes, lo cual es una prueba de que no están arrepentidos. Si estuvieran arrepentidos de verdad de sus crímenes, evitarían por todos los medios posibles esa jactancia pública de su pasado criminal».

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha criticado que el Gobierno vasco sustente el cumplimiento del requisito del arrepentimiento en la redacción de unas cartas manuscritas en las que los presos supuestamente expresan arrepentimiento y piden perdón a las víctimas, cuando los hechos «siempre terminan desmintiendo esas palabras». Desde dicho colectivo de víctimas recuerdan que el fin último del cumplimiento de las condenas es la reinserción, que inspira toda la legislación penitenciaria, y que en el caso de los presos de ETA «no se está teniendo en cuenta en absoluto».

Consuelo Ordóñez ha denunciado que «nadie se pregunta qué significa esa reinserción en el caso de los presos de ETA. Se deben reinsertar en aquello que atacaron y rompieron: la convivencia en paz y libertad de los diferentes, que es la esencia de un Estado de derecho. No es una reinserción genérica, que vuelvan a sus pueblos y que puedan trabajar. Deben reparar no solo el daño que ocasionaron a sus víctimas directas, sino también el daño político que causaron a nuestro Estado de derecho y el daño social que provocaron a toda la sociedad, específicamente a la sociedad vasca». Covite considera que, tal y como se demostró con la Vía Nanclares, la única manera de que los presos de ETA puedan reparar adecuadamente todo el daño que ocasionaron es haciendo manifestaciones públicas de rechazo a los crímenes que cometieron y a todo lo que supuso el terrorismo de ETA. «Solo mediante la deslegitimación pública del terrorismo podremos avanzar en la reinserción de los condenados por terrorismo de ETA. No se trata solo de respetar el derecho a la justicia de las víctimas -que también, y que no se está haciendo-, sino de asentar los cimientos para garantizar que nunca más volveremos a vivir el horror del terrorismo de ETA. Pero lo que vemos es todo lo contrario, que lo único que trasciende al ámbito público es que la izquierda abertzale continúa honrando a estas personas por su pasado criminal. Si seguimos así, vamos por mal camino», lamenta Consuelo Ordóñez.

Asimismo, el mismo colectivo ha criticado que estas «excarcelaciones encubiertas» de presos de ETA se estén produciendo ante «un silencio generalizado y atronador». «Ni el PSE, socio de Gobierno del PNV en la anterior legislatura y en la próxima, ni los partidos de oposición, ni las asociaciones de víctimas -excepto Covite, indican-, están diciendo absolutamente nada de este fraude que afecta muy directamente al derecho a la justicia de las víctimas de ETA. Todos aquellos que clamaban contra los acercamientos de presos de ETA a cárceles vascas, cuando no es un derecho de las víctimas elegir en qué cárcel deben cumplir su pena, ahora callan ante estas concesiones de terceros grados. ¿Por qué? ¿Acaso no es mucho más grave que se excarcele a los presos de ETA burlando nuestras leyes, que el hecho de que sean trasladados de una cárcel a otra?», censura Consuelo Ordóñez. «Se está siguiendo a rajatabla una de las exigencias de ETA para dejar de matar, que era la excarcelación de sus presos con trampas al Estado de derecho».