El acuerdo migratorio de Sánchez y Biden se basa en una declaración conjunta: «No hay ningún tipo de acuerdo internacional como tal»
El programa de reasentamiento de 2023 a 2025 con América Central y del Sur abarca el reparto de 72, 500 y 1.000 personas por cada año
La foto entre Pedro Sánchez y Joe Biden el 12 de mayo del año pasado solo fue la puesta en escena de un pacto migratorio entre España y Estados Unidos, pero no hubo un acuerdo formal entre ambos países para delimitar espacios y medios de actuación. Así lo reconoce el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en una resolución de su unidad de Transparencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.
La información, que llega con retraso después de dos interpelaciones por parte de un ciudadano, recoge que «los gobiernos de España, Estados Unidos y Canadá [que se sumó a este escenario] han coincidido ciertamente en la necesidad de profundizar en su compromiso para promover una migración segura, ordenada, regular y basada en principios humanitarios desde América Latina». Pero en lugar de concretar el [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/editoriales/acuerdo-migratorio-puede-ser-secreto_20230607647fb45ba7fe8d0001066fe5.html|||«texto del acuerdo»]], como pedía el interesado, la cartera de Elma Saiz responde que «al respecto, dichos gobiernos han realizado una declaración o comunicado conjunto para continuar promoviendo y ampliando las oportunidades de migración laboral regular, sin que se haya negociado ni formalizado ningún tipo de acuerdo internacional como tal». Y añade un enlace desde el que «acceder al citado comunicado conjunto».
En resumen, este recoge que se trata de «continuar promoviendo y ampliando las oportunidades de migración laboral regular, incluyendo la movilidad laboral “circular” o temporal”» y «reforzar la coordinación de los distintos gobiernos para reclutar, examinar y apoyar de manera justa y ética a los trabajadores elegibles para el empleo en el extranjero y aumentar la protección de sus derechos».
El documento alude a la puesta en marcha de «iniciativas innovadoras, como los Centros Regionales de Gestión de la Migración, que reforzarán la cooperación entre los distintos países y propiciarán un mejor aprovechamiento de las oportunidades para las personas de América Central y del Sur».
En estos centros, como ya ha informado este diario, funcionarios de la ACNUR y la Organización Mundial de las Migraciones tienen que seleccionar a los candidatos para ser trasladados a España y Canadá y que puedan conseguir protección internacional o su reasentamiento.
«En el marco de esta declaración», reza el escrito de Transparencia, «España se compromete a reforzar las vías regulares existentes y, en particular, a desarrollar vías complementarias para las personas necesitadas de protección internacional [...], además de las que llegan a través del Programa Nacional de Reasentamiento».
Un «compromiso» que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 3 de mayo, como «ampliación» a su vez de un programa anterior «con el compromiso de abrir una vía complementaria y adicional para autorizar la llegada de personas refugiadas preferentemente en América Central y del Sur». Según el ministerio, «debe recalcarse que tampoco se han firmado acuerdos internacionales con dichos Estados».
Según «este acuerdo se establece que la cuantía anual de personas beneficiarias de esta ampliación será determinada por orden conjunta del ministro del Interior y de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones».
En su apartado primero, «la orden establece la cuantía anual de personas beneficiarias de la ampliación del Programa Nacional de Reasentamiento, mediante la apertura de una vía complementaria para el periodo 2023-2025», repartido en 72, 500 y 1.000 personas para cada año.
En la resolución consta que»las vías complementarias son vías legales y seguras que complementan al reasentamiento y mediante las cuales las personas refugiadas son admitidas en un país a través de un programa que cumple dos condiciones: la satisfacción de sus necesidades de protección internacional y el acceso a una solución duradera y sostenible».
Aparte de este asunto ya atendido, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) tiene abiertos otro expediente relacionado con la inmigración ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Inclusión. Las incógnitas no despejadas fueron planteadas por el mismo ciudadano, que ha denunciado la «opacidad del Gobierno» sobre el reparto y condiciones de los subsaharianos –en su mayoría– llegados a Canarias por medio de cayucos a lo largo del año pasado. Una cuestión ignorada hasta el momento, aunque sí ha habido contestación acerca de los entresijos de la colaboración en materia de inmigración con Alemania. Según la información aportada por la cartera de Saiz, España ha aceptado durante el mandato de Pedro Sánchez la deportación desde Alemania de 7.573 irregulares, de los cuales se hizo efectivo el traslado de 1.730.
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Y mientras, Albares habla de «un proyecto de convenio»
La misma petición, por idéntica vía (Transparencia), acerca del acuerdo migratorio con Estados Unidos pero ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha recibido una contestación contradictoria. Si el Ministerio de Inclusión habla de un pacto basado en una declaración, la cartera de Albares dice que «es aún un proyecto de convenio, acuerdo u otro instrumento internacional», que «se encuentra en curso de elaboración», e inadmite la petición. «Dicen que están viéndolo, aunque ya ha habido deportaciones, lo que demuestra que cada ministerio lo interpreta a su manera, generando confusión», indica el interesado a este diario.
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