El interventor de las Cortes deja su cargo con duras críticas al letrado mayor
Desde el nombramiento de Fernando Galindo como letrado mayor del Congreso ha habido varias renuncias en la estructura que depende de él
El malestar desde la incorporación de Fernando Galindo como letrado mayor de las Cortes y como secretario general del Congreso de los Diputados ha ido «in crescendo». Desde entonces, se ha producido una cascada de salidas en las estructuras que dependen de este cargo. La última y que ha causado más polémica es la del interventor de las Cortes Generales, Luis de la Peña, que se ha marchado con un escrito en el que se expresa en duros términos. Para comunicar su dimisión, ha redactado un oficio en el que manifiesta su completo desacuerdo en la manera como Galindo ha desempeñado sus funciones, un modelo de administración parlamentaria que considera incompatible con su permanencia en las Cortes Generales.
Ha sido la última salida de varias, pero no ha dejado a nadie indiferente en los pasillos del Congreso. El ahora ex interventor, que desempeñaba funciones de fiscalización, es un profesional veterano que acumulaba una dilatada experiencia. El choque se veía venir, señalan algunas fuentes.
Estas bajas que se están produciendo en la secretaría general, la mayoría de ellas con discreción y sin hacer mucho ruido, se explican, según las mismas fuentes, por los diferentes perfiles y experiencia que tienen Galindo y su predecesor, Carlos Gutiérrez, que optó por dejar el cargo antes de tiempo. Su dimisión coincidió en el tiempo con el momento en que se habían constituido las Cortes surgidas de las elecciones generales del 23 de julio y con la elección como presidenta de la Cámara Baja de la diputada socialista Francina Armengol. Detrás de esta decisión, señalan, estuvo la necesidad de evitar verse en la tesitura de tener que reiterar a la Mesa de la Cámara Baja su visión respecto de la proposición de ley de amnistía, que ya plasmó en el informe sobre la medida de gracia que firmó en 2021: es «palmariamente» inconstitucional y no debe admitirse a trámite, concluyó entonces. Y la Mesa, en aquel momento, hizo suya esta conclusión.
El nuevo letrado mayor de las Cortes Generales fue nombrado cumpliendo con los requisitos y su designación le corresponde a la Presidencia de la Mesa: debe ser un profesional que cuente con cinco años de antigüedad como letrado de las Cortes. Esa es la letra de la norma y se ha cumplido. Pero otra cosa son los «usos y costumbres», que señalan que para este cargo siempre se ha elegido a una persona que, además de cumplir con los requisitos, aporte una experiencia fuera de todo cuestionamiento y con una amplia trayectoria en la Cámara. Y Galindo procedía del Gobierno de Pedro Sánchez: fue director general de Cooperación Autonómica y Local hasta 2023, cuando asumió la subsecretaría de Política Territorial.
«Hasta ahora, la tradición siempre mandaba», señala otra fuente. Lo habitual era que lo propusiera el presidente o presidenta de la Cámara y que la Mesa respaldara su designación por unanimidad, con el apoyo de los representantes de todos los grupos parlamentarios. Era un «ritual» que refrendaba la idoneidad y la legitimidad del nuevo secretario general. El mensaje que se quería transmitir es que se trata de una figura neutral, que cuenta con la confianza de la Cámara. Pero esta tradición se ha roto por primera vez.
El cargo de Galindo es clave en el funcionamiento del Poder Legislativo porque el letrado mayor del Congreso ostenta también la responsabilidad de ser letrado mayor de las Cortes Generales, es decir, también del Senado. Hace unos días, se sabía que Sara Sieira era la nueva secretaria general y letrada mayor de la Cámara Alta, en sustitución de Manuel Cavero. Sieira dejaba el cargo de letrada de la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja desde 2023.
Esta ha sido otra baja que se suma al goteo de renuncias que se ha producido desde la marcha de Gutiérrez en las posiciones que jerárquicamente se sitúan por debajo del nuevo letrado mayor del Congreso. Si atendemos a la estructura jerárquica, por debajo tiene dos secretarios generales adjuntos. Uno de ellos, para asuntos parlamentarios, le ayuda a abordar todos los temas de tipo jurídico; y el otro, para asuntos administrativos, se encarga de vigilar el correcto funcionamiento de todos los servicios de la Cámara. Su número dos, el hasta ahora secretario general adjunto para asuntos parlamentarios José Antonio Moreno, ha dimitido y se ha marchado sin hacer ruido. Para suplir esta salida, se ha nombrado a Mercedes Araújo Díaz de Terán, que hasta ahora era secretaria general adjunta de Asuntos Administrativos. Y ahora este cargo ha quedado sin cubrir. Por debajo de estas dos secretarías generales adjuntas, hay una sería de direcciones. Y es aquí donde se ha producido un lío de ceses y de cambios desde que la incorporación de Galindo.
Bajas de letrados en las direcciones
La salida de Luis de la Peña de la posición de interventor de las Cortes Generales ha sido las que más ruido ha causado entre los letrados del Congreso, pero ha habido una serie de bajas desde que el también letrado Fernando Galindo fuera propuesto por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, para ser letrado mayor de las Cortes Generales. A la renuncia del secretario general adjunto para Asuntos Parlamentarios, José Antonio Moreno, se suman las bajas en varias direcciones, como la de Comisiones o la de Gobierno Interior.