La Audiencia Nacional rechaza investigar si el Grupo Herrero Brigantina cometió una estafa piramidal

La Audiencia Nacional no asumirá la investigación de una supuesta estafa piramidal por parte del Grupo Herrero Brigantina. Así lo ha decidido el magistrado Santiago Pedraz, que ha devuelto el caso a los juzgados de Salamanca al entender que las cantidades presuntamente defraudadas a los inversores no son suficientes para considerarlo una defraudación que pueda producir una grave repercusión en la economía nacional o que acumule perjudicados en varias provincias, supuestos que por ley sí son competencia del citado tribunal.

El instructor rechaza así la inhibición del Juzgado de Instrucción número 4 de Salamanca -que considera prematura- para que fuera la Audiencia Nacional la encargada de investigar la comercialización de producto financiero de inversión TOP 25 por parte de la empresa. Pedraz sí advierte un "indicio claro del ánimo de estafar a sus inversores" en el hecho de que el Grupo Herrero Brigantina ofertara ese producto "a sabiendas de que la rentabilidad ofrecida no iba a ser pagada y que, además, el mismo no era respaldado por AXA, siendo esta una estrategia urdida por el Grupo HB para hacer la contratación fiable y atractiva para los clientes". Una actuación tras la cual presume un "engaño" a los inversores para que llevasen a cabo "un desplazamiento patrimonial en favor del Grupo", operación por la que finalmente se consiguieron presumiblemente 840.000 euros pendientes de acreditación.

El volumen del presunto fraude, razona el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, se encuentra en todo caso "muy alejado de la exigencia jurisprudencial para establecer la competencia" del tribunal, incluso admitiendo que en este momento resulta "sumamente aventurado" precisar "el verdadero alcance de los hechos"

El perjuicio podría alcanzar los 6,3 millones

"El propio informe policial señala que el fraude denunciado asciende a más de 840.000 euros, pero que el perjuicio conocido por los bufetes de abogados y asociaciones superaría los 6,3 millones de euros, dato éste en ningún caso acreditado en la instrucción judicial por el momento, la cual es evidente que ha sido paralizada antes de poder tomar una determinación sobre la competencia judicial de los hechos", aclara. Esa cifra, deja claro, no se justifica en la investigación realizada hasta el momento "salvo manifestaciones de meros informes policiales".

De los hechos denunciados, recalca, "se desconoce su alcance penal" y económico y tampoco están "debidamente investigados", por lo que insta al juzgado de Salamanca a "desarrollar mínimamente la investigación que le permita acreditar que nos encontramos ante un hecho efectivamente competencia de la Audiencia nacional, más allá de cálculos financieros efectuados en un informe policial"

Para Pedraz, las declaraciones de dos extrabajadores de sendas empresas del Grupo -Neo Nova Investor y Atlantic Insurance- son insuficientes para acreditar los hechos denunciados. Estos empleados aseguraron "una parte importante del dinero que aportaban los clientes se destinaba a sufragar gastos corrientes del Grupo (nóminas, seguros sociales, alquileres, etc.)", por lo que estos hechos "deben de ser contrastados con la práctica de las diligencias judiciales aún pendientes". En el mismo sentido se pronuncia respecto a ese presumible perjuicio de más de seis millones de euros, cuestionando que como por ese producto financiero el Grupo Herrero Brigantina facturó 8,5 millones de euros, y dado que hay más empresas dentro del mismo, "podría ser más la cantidad".

Los hechos están "por perfilar"

En cuanto a otro de los productos financieros denunciados, Naibc TOP 2023 ECO, Pedraz hace hincapié en que en este momento de la instrucción se desconoce, por ejemplo, la trascendencia penal de que el grupo empresarial no recurriese "al amparo publicitario de ninguna aseguradora". Y en cualquier caso, añade, se desconoce también "la existencia de perjudicados por tal producto".

"Es evidente que los hechos están aun indiciariamente por perfilar, y el mero análisis de cuentas bancarias no puede ofrecer los datos necesarios, sino que ello se podrá basar en documentaciones a obtener tras la práctica de diligencias solicitadas", hace hincapié. Para Pedraz resulta "revelador" el informe policial que apunta que existen "docenas de clientes del Grupo Herrero Brigantina" que, cuando han querido recuperar sus inversiones, "o bien no han podido recuperarlas, o bien su recuperación no ha sido total o se ha demorado en el tiempo", superando ampliamente los 30 días de plazo que consta en el contrato firmado entre ambas partes.

Unas supuestas irregularidades que, según el magistrado, podrían deberse a que las inversiones "no se han realizado donde deberían y se han destinado a otros proyectos o a personas con interés particular, por lo que no podrían recuperarlo".

El máximo responsable del grupo empresarial, Juan González, fue detenido en el aeropuerto de Barajas el pasado día 15 tras llegar a España en un vuelo procedente de Colombia.