El jefe de gabinete de Puigdemont ve "una persecución política" en la investigación a Tsunami

La defensa de Alay recurre la decisión de García Castellón de remitir la causa al Supremo y reclama el archivo de la causa 

El jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, reclama a la Audiencia Nacional que deje sin efecto la decisión del juez Manuel García Castellón de dejar en manos del Tribunal Supremo (TS) la investigación por terrorismo a Tsunami Democràtic, que incluye además al propio expresident y a la secretaria general de ERC Marta Rovira, y que archive la causa o, en su defecto, la remita a Cataluña, al considerar que "solo desde un retorcimiento indebido del derecho" se pueden calificar los hechos como terrorismo.

Así lo pone de manifiesto la defensa de Alay en el recurso de apelación que ha interpuesto ante la Sala Penal del citado tribunal con el objetivo de que revoque esa resolución del instructor, por considerar que se ha vulnerado su derecho al juez predeterminado por ley y a un proceso con todas las garantías.

Para su abogado, Gonzalo Boye, es "sorprendente que unas mismas personas puedan pasar de elementos rebeldes" (en relación a su imputación por rebelión en la causa del "procés") "a elementos terroristas y todo ello basado en un único hilo conductor: sus ideas políticas y, a pesar de ello, pretender que este procedimiento no parezca una persecución política". Y es que, subraya, "o bien estamos ante conductas atípicas o bien ante unas que no serían competencia de la Audiencia Nacional".

En su recurso, sostiene que "causa sonrojo" que después de más de cuatro años del fallecimiento de un ciudadano francés en el aeropuerto del Prat durante el asalto a las instalaciones impulsado por Tsunami Democràtic el instructor trate ahora de "buscar, especulativa y prospectivamente, una relación entre su muerte y la manifestación" y de ahí "mediante un triple salto mortal, pretender vincular una cosa y otra con un delito de terrorismo y, en el colmo del funambulismo procesal tratar de generar una responsabilidad penal hacia los investigados". Y es que, subraya, "falleció no como consecuencia de las manifestaciones" sino debido a una "cardiopatía isquèmica crònica".

Cuestiona la imparcialidad del instructor

En suma, se queja de que García Castellón pretenda "investigar una serie de hechos que no solo no son delitos relacionados con el terrorismo sino que, además, o ya han sido investigados y sancionados o están en vías de serlo", lo que según su criterio "choca frontalmente" con el derecho fundamental al non bis in idem (no ser juzgado dos veces por los mismos hechos) "pero, también, con las políticas estatales en materia de lucha contra el terrorismo".

Boye, también abogado de Puigdemont, reprocha al magistrado que "sin conocer ni existir norma que atribuya al Tribunal Supremo la competencia para investigar a un diputado al Parlamento Europeo", defienda que debe inhibirse a favor del alto tribunal "pero, al mismo tiempo guarda un preocupante silencio sobre la más que posible violación de la inmunidad de este, así como del hecho de que se haya engañado al Parlamento Europeo" (según expone, por no solicitar el suplicatorio para investigarle penalmente por estos hechos).

"De cara a lo que ha de ser la imparcialidad que debe regir el comportamiento de todo juez o tribunal", hace hincapié, "esta anómala situación nada bueno dice sobre el respeto de tan fundamental derecho".

Boye considera "chocante" que sea la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo "quien tenga que investigar unos hechos, calificados como terroristas, que surgen como reacción movilizadora en la calle, en protesta" por la sentencia del "procés", que sea por tanto "el propio tribunal sentenciador el encargado de investigar", y en su caso enjuiciar, "los actos de protesta surgidos como consecuencia de sus propias

decisiones".

Insiste en cuestionar la competencia del Supremo

En el recurso se insiste en que el Tribunal Supremo "no es el órgano preestablecido por Ley para enjuiciar a los diputados al Parlamento Europeo, ni tampoco a los diputados del Parlamento de Cataluña por hechos acaecidos dentro del territorio de Cataluña". El abogado se queja de que el hecho de que el Supremo investigue a Alay, Puigdemont y el resto de imputados "constituye una violación clara del derecho al juez establecido previamente por la ley".

Alay cuestiona que el pasado 6 de noviembre, en el auto en el que acordaba las imputaciones de una decena de investigados, García Castellón aludiese "a la necesidad de que se practicasen diligencias de investigación" antes de decidir si remitía la causa al Supremo (por la condición de eurodiputado de Puigdemont y de diputado del Parlament de otro de los investigados) para días después "sin haber cristalizado, envía una exposición razonada y precipitada al Tribunal Supremo, para que sea éste quien “cristalice” y todo ello en contra de la jurisprudencia sobre los requisitos de la remisión de una exposición razonada".

Para la defensa de Alay, no resulta casual que Vox se persone como acusación popular, que el procedimiento adquiera "un ritmo súbito e inusual para unas actuaciones que llevan más de cuatro años abiertas" y que la formación de Abascal, "en base a las resoluciones" judiciales, haya planteado "una moción para intentar la ilegalización de los dos partidos independentistas cuyos máximos líderes son los principales investigados" (en referencia a ERC y Junts).

El abogado del jefe de gabinete de Puigdemont apunta que "si existiese una duda" sobre los reparos que pone a los argumentos de García Castellón "el responsable de aclararla sería el TJUE", aunque señala que "cualquier intento" de plantear una cuestión prejudicial "solo nos llevaría a una bochornosa situación" que "expondría las vergüenzas del presente procedimiento ante la justicia europea".