Los partidos reaccionan ante el informe de Gabilondo sobre los abusos en la Iglesia

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha ensalzado el informe "Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos" del Defensor del Pueblo presentado hoy en el Congreso de los Diputados como "un hito en la democracia en nuestro país", que hoy es "un país un poco mejor".

Lo ha hecho en declaraciones a los periodistas tras la reunión del Consejo Europeo en Bruselas. Sánchez esperaba que le preguntaran por el informe del Defensor del Pueblo, pero ningún informador lo hizo, así que él vertió unilateralmente su valoración antes de dar por terminada la rueda de prensa.

El presidente partió de la premisa de que "no existe aquello se lo que no se habla", y por eso "ha habido durante muchos años mucha gente que ha sufrido por no poder denunciar, explicarse, visibilizar" su caso. Así , juzgó que el de hoy es "un día muy importante para nuestro país", porque "se ha dado a conocer una realidad que todo el mundo sabía desde hace muchos años pero de la cual nadie hablaba o no hablaba en los términos que se ha empezado a hablar hoy".

Sánchez ha elogiado que el informe promovido por Ángel Gabilondo ha sido "un trabajo respetuoso con las víctimas" y "profesional", y ha subrayado que ahora "lo que tenemos que hacer", en general las instituciones y él como presidente, "es estudiar este informe y ver y analizar las recomendaciones que hace el Defensor del Pueblo para actuar en consecuencia".

En este sentido, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones, Ione Belarra, ha pedido "activar medidas valientes que acaben con la impunidad" por las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia.

"La violencia sexual contra la infancia en el seno de la Iglesia Católica ha sido una constante, debido al silencio y la protección por parte de su cúpula a los agresores. Es hora de activar medidas valientes que acaben con la impunidad", ha asegurado Belarra en un mensaje en la red social X (antes Twitter).

Mientras, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Patxi López, ha avanzado que propondrán la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión Mixta Congreso-Senado del Defensor del Pueblo para la evaluación y valoración del informe, así como la adopción de medidas para resarcir a las víctimas; determinar responsabilidades y llevar a cabo las reformas necesarias, informa Ep.

López ha señalado que el PSOE estudiará "con detenimiento" la investigación el y que impulsará "propuestas e iniciativas" para corregir "déficit". "Las víctimas deben tener la certeza de que ellas son las que están y estarán en el centro de nuestras acciones. El Grupo Parlamentario Socialista va estudiar con detenimiento el informe y va a ser el impulsor de las propuestas e iniciativas necesarias para corregir los déficits que hemos tenido hasta la fecha y para impedir que estos abusos vuelvan a suceder", ha asegurado.

Por su parte, Podemos exige denunciar el concordato, eliminar la financiación pública de la Iglesia y acabar con los centros educativos religiosos para poner fin a las agresiones sexuales a menores. Fuentes del partido han reclamado medidas valientes e inmediatas para acabar con las agresiones sexuales en la Iglesia católica y con su impunidad, después de que el Defensor del Pueblo haya estimado en hasta 450.000 las víctimas de agresiones vinculadas a la institución religiosa.

La formación morada considera inadmisible que una institución que ha amparado hechos de esta gravedad, ocultándolos y entorpeciendo su investigación, reciba financiación pública y gestione centros escolares, y por ello exige:

1.- Denunciar (derogar) el actual concordato con la santa sede. Es necesario acabar con el actual régimen de privilegios que el Estado español ha garantizado mediante la firma de este antiguo acuerdo a una institución que reiteradamente ha incurrido en dinámicas de ocultación y encubrimiento de agresiones sexuales a menores de edad.

2.- Acabar con la financiación pública. El Estado no puede destinar fondos a la institución en la que se ha gestado la mayor trama pedófila conocida hasta la fecha. Es necesario cortar toda fuente de financiación pública a la Iglesia, incluidas exenciones y beneficios fiscales.

3.- Integrar los centros educativos religiosos en la red pública. Una institución que reiteradamente ha ocultado y silenciado abusos sexuales a menores está inhabilitada para gestionar centros escolares. Por ello, todos los centros, privados y concertados, que hoy están en manos de la Iglesia católica deberán pasar inmediatamente a la red pública de gestión directa.

Podemos también hace suyas reclamaciones de las víctimas, como la no prescripción de los delitos de agresión sexual que se hayan producido en el seno de la Iglesia, y que la financiación del fondo de compensación a las víctimas provenga completamente de recursos de la propia institución, y no de dinero público.

Otra de las formaciones que ha reaccionado ante el informe es el PNV. La formación vasca defiende proteger y reparar a las víctimas de abusos en la Iglesia y confía en que se adopten las medidas necesarias.

A través de las redes sociales, la formación jeltzale se ha pronunciado así tras conocer que un 0,6% de la población española mayor de 18 años, es decir, unas 236.000 personas, ha sufrido abusos sexuales en la Iglesia por parte de algún sacerdote o religioso, según una encuesta de GAD3 encargada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

"El PNV defiende proteger y reparar a las víctimas de abusos en la Iglesia. Estudiará el documento y confía en que se adopten las medidas necesarias", ha indicado el partido.