Los nuevos Erte Red impiden contratar, despedir y las horas extras
La supervisión de su aplicación por pate de la Inspección de Trabajo ha levantado las críticas de los empresarios
El Gobierno, en su carrera de aprobaciones exprés justo antes de las elecciones del 23-J, ha dado un nuevo impulso a algunos aspectos de la reforma laboral que aún quedaban pendientes, como el desarrollo del conocido como Mecanismo RED para mantener el empleo ante crisis cíclicas o sectoriales, que permite obtener exenciones en la cotización a empresas vinculadas a obligaciones formativas para recualificar trabajadores, pero también unas exigencias que las empresas cuestionan, "al dejar prácticamente a cero nuestra capacidad de adaptación", explicaron fuentes empresariales, aunque reconocieron que el decreto "tiene elementos que pueden dar tranquilidad a empresas con problemas temporales graves".Segú informaron fuentes ministeriales, el decreto ley sobre el desarrollo normativo del Mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilización del Empleo en situaciones de crisis cíclicas o sectoriales es una medida de flexibilidad interna y protección temporal, que "supone el desarrollo normativo del artículo 47 bis del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores y consolida el carácter estructural del mecanismo, sucediendo a los expedientes de regulación temporal de empleo conocidos como ERTE". Ya en el real decreto-ley 32/2021 de medidas urgentes para reforma laboral, se establecía la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Pero la semana pasada el Ejecutivo dio un paso más en su desarrollo reglamentario, en el que se contemplan los beneficios en la cotización a la Seguridad Social para las empresas, así como las acciones formativas y el compromiso del mantenimiento del empleo al que van vinculadas dichas exenciones en la cotización.
Entre los beneficios, los trabajadores pueden obtener una protección de hasta el 70% del salario con todos los requisitos de no carencia, con acceso a esta prestación sin ningún requisito anterior, no se les descontará tiempo de desempleo y seguirán cotizando para toda su protección social. En cuanto a las empresas, sus beneficios son más restringidos y sometidos a un férreo control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ahora será la autoridad laboral competente para pronunciarse sobre los requisitos alegados para solicitar esta ayuda, algo que ha levantado el temor de las empresas.
Pese a que las sociedades podrán beneficiarse de bonificaciones en las cotizaciones sociales -si son en ERTE sectoriales serán bonificadas en un 40%; si son cíclicos, en los cuatro primeros meses se sufragará el 60%, los cuatro siguientes, el 30% y el 20% el resto del momento-, los requisitos para acceder a estas compensaciones son máximos: las empresas que se acojan al mecanismo no van a poder realizar horas extraordinarias, no van a poder contratar más personal, ni tampoco despedir y cualquier incumplimiento de las normas supondrá la devolución íntegra de todos los beneficios por cada uno de los trabajadores. Asimismo, las empresas que lo soliciten deberán avisar con seis meses antelación antes de poder cerrar grandes centros de trabajo.
Y todo bajo la supervisión de la Inspección de Trabajo. También tienen dudas los empresarios sobre que la normativa también desarrolla el procedimiento por el cual se puede solicitar esta ayuda garantizando la participación de los interlocutores sociales, es decir que permite la intervención sindical en la decisión de acudir a este mecanismo. "Puede ser un foco más de fricción y puede complicar su aplicación", critican.
El decreto establece la formación de un fondo que garantizará la financiación adecuada para la protección social de las personas trabajadoras acogidas al mecanismo y las exoneraciones a las empresas. Este fondo contará con una partida presupuestaria propia, formada por una parte de asignación directa y otra parte con excedentes de las cuotas de cotización por desempleo de los trabajadores, que actualmente supera los 4.000 millones, y una tercera que se nutrirá de los fondos europeos, con una dotación de 3.000 millones, una cantidad que levanta también las suspicacias empresariales, ya que "los fondos no están para esto sino para proyectos estructurales".
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